El secretario general del PSOE de La Rioja, César Luena, considera que "tras el ataque" que el Gobierno del PP "está llevando a cabo contra el sistema de pensiones", los socialistas defienden "un sistema público de pensiones".

Luena ha realizado estas declaraciones tras mantener un encuentro con el Grupo de Mayores del PSOE para informar, elaborar acciones y establecer propuestas alternativas ante la situación que "incumple el acuerdo y Pacto de Toledo" y con el fin de "retirar esta reforma con la que los pensionistas, 66.000 en La Rioja, pierden poder adquisitivo". De este número, ha asegurado, "24.000 cobran pensiones mínimas y 1.800 pensiones no contributivas".

De esta manera, y para informar de la situación a los ciudadanos, los socialistas han puesto en marcha una campaña por los pueblos riojanos para "sumar apoyos" y "defender una reforma con acuerdo social".

Como propuesta, además, César Luena ha anunciado el interés de compensar a las pensiones mínimas y a las no contributivas, "ante el recorte del Gobierno de España" para que "no pierdan poder adquisitivo y se revaloricen en función del incremento del IPC".

Esta medida, ha asegurado Luena, tendría un coste de 2.100.000 euros "completamente asumible".

Financiación de la sede del pp

Posteriormente, y tras las preguntas de los periodistas, César Luena ha asegurado que el presidente del Ejecutivo regional, Pedro Sanz, "tiene un problema inmobiliario con las casas y las sedes" -en relación a la supuesta "financiación irregular" de la sede del PP en Logroño- y ha indicado que, ante esta situación, "no hay que hablar de venganza sino de vergüenza".

Por todo ello, César Luena exige "explicaciones y responsabilidades" porque "es una falta de respeto a los ciudadanos" y ha recordado que los partidos políticos "tienen que cumplir la ley".

Reforma educativa y administración local

En otro orden de asuntos, para César Luena, además, la LOMCE "tendrá una vida muy corta" porque "no resuelve los problemas". Con respecto a la reforma de la Administración Local, el socialista considera que ésta "atenta contra la autonomía municipal, se recorta en democracia y en los derechos básicos de los ciudadanos y no defiende el estado social".