El PP ha defendido la "legalidad" de la oferta de suelo industrial del Gobierno de Cantabria y le ha animado a "no ceder" en su política en esa materia ante las "amenazas" del portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, y ante quienes, en opinión de los 'populares', "sólo quieren mantener sus privilegios".

El portavoz del PP en el Parlamento regional, Eduardo Van den Eynde, ha mostrado el "respaldo" del grupo parlamentario 'popular' al plan impulsado por el Gobierno de Cantabria para fomentar la comercialización del suelo industrial de la región tras el "exceso verbal" que, en su opinión, cometió el martes Erkoreka al anunciar que el Gobierno de Urkullu actuará de forma "implacable" contra la política de suelo industrial de Cantabria.

Medidas "legítimas" y "absolutamente legales"

Van den Eynde ha subrayado en un comunicado la "legalidad" del plan del Gobierno de Cantabria y la "legitimidad" de la comunidad autónoma para favorecer el desarrollo de iniciativas empresariales y, con ello, la creación de empleo en su territorio, máxime ante la crisis.

A su juicio, las medidas tomadas para comercializar el suelo industrial público son "legítimas y absolutamente legales" porque no eximen ni bonifican ningún impuesto a las beneficiarias, algo que —ha dicho— "no puede decirse da las denominadas 'vacaciones fiscales' concedidas por el País Vasco durante los noventa a las empresas que se instalaban en su territorio y que fueron declaradas "ilegales" por la UE.

El portavoz parlamentario del PP ha considerado que el Gobierno de Cantabria "no debe consentir" que quienes "durante años han actuado con ventaja respecto al resto de las comunidades autónomas pretendan interferir en la labor y las competencias" del Ejecutivo autonómico y "menos" —ha afirmado— cuando se hace "desde la amenaza y la presión".

Por otra parte, Van den Eynde ha agradecido el apoyo que "ahora" están demostrando los partidos de la oposición regional —PSOE y PRC— al plan puesto en marcha por el actual Ejecutivo regional (PP).

Sin embargo, ha lamentado que "no mostrasen", a su juicio, la "misma firmeza" la pasada legislatura para defender los intereses de los cántabros manteniéndose "al margen" de la lucha contra el blindaje del concierto vasco y de los recursos de inconstitucionalidad que sí presentaron los gobiernos de La Rioja y Castilla y León.