Los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado jueves a cuatro personas acusadas de un fraude que afectaría, al menos, a un millar de ciudadanos a los que les prometieron adjudicarles un piso de protección oficial inexistente. Los cerebros de esta banda, que actuaba principalmente en Barcelona, tenían una gran habilidad para ganarse la confianza de sus víctimas.

Los detenidos, de entre 36 y 43 años, se hacían pasar por funcionarios de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat o de la empresa pública Adigsa. Pedían a las víctimas entre 3.000 y 6.000 euros, por honorarios y notario, a cambio de un piso social, sin necesidad de pasar por sorteo.

Consta que hay 500 estafados, aunque la cifra superará los 1.000. También les inducían a participar en inversiones de alta rentabilidad: la estafa media fue de 20.000 euros.

Se han investigado 40 casos de engañados a los que han timado 750.000 euros. La cifra podría llegar a los 20 millones. Una persona llegó a pagar 400.000 euros. Las víctimas son sobre todo «mujeres de 50 años de poder adquisitivo medio», según el director general de los Mossos d’Esquadra, Rafael Olmos.

Años de actuaciones

Una mujer se camelaba a los estafados y les pedía excusas por los retrasos en la entrega de los pisos. Los hechos se remontan a hace diez años. Eran las propias víctimas las que convencían a amigos y familiares. Todos eran conscientes de que la forma de conseguir el piso no era legal. No había documentos de las transacciones.