El vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno canaria, José Miguel Pérez, ha anunciado este jueves que el Gobierno canario presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en el Congreso con el único apoyo del Partido Popular.

Entre otros aspectos negativos, esta Ley, a juicio del Ejecutivo, invade competencias autonómicas en materia educativa, lo que ha llevado a los responsables de la Consejería a plantear la preparación del recurso.

"La aprobación de esta Ley es el triunfo de la sinrazón del Partido Popular, que firma el acta de defunción de la Educación como un servicio público, algo que no había sucedido nunca durante la etapa democrática en España", declaró José Miguel Pérez, quien añadió que "su paso, además, por el Congreso y el Senado, ha empeorado con creces el proyecto original, algo que no había sucedido antes".

En su opinión, "esta ley de Wert se enmarca en una política de retroceso constitucional, es un ajuste de cuentas que el PP está haciendo a lo que fue en su día el pacto constitucional, eliminando buena parte de los avances que ha tenido nuestro país en los últimos treinta años".

"ajuste de cuentas"

José Miguel Pérez insiste en que en una primera etapa de su gobierno, "han ido contra los avances sociales y espera una segunda parte de retrocesos en materia de libertades".

Al PP, indica, "parece que no le gusta la Constitución y está haciendo un ajuste de cuentas con ese gran pacto que hubo en España, como lo manifiesta la LOMCE, una Ley como esta tenía que haber salido del consenso y lo tenían fácil porque el anterior Gobierno dejó sobre la mesa las grandes bases de un gran acuerdo".

Según el consejero, "durante los últimos meses hemos asistido a la expresión inequívoca de la voluntad popular a través de múltiples pronunciamientos, pues todos los agentes sociales y educativos han hecho llegar al Gobierno de Rajoy y al Parlamento su total desacuerdo con la LOMCE".

En esa línea, insiste en que el Gobierno y el PP son "conscientes" de su "fracaso" ya que "no han logrado convencer a nadie de las bondades de la LOMCE". Incluso, "en un último intento por cambiar el sentir mayoritario han dedicado mucho tiempo a difundir las supuestas maldades de la Ley Orgánica de Educación (LOE), pero tampoco en esta batalla han tenido éxito".

Para José Miguel Pérez, las medidas incluidas en la LOMCE son "un conjunto de dislates" porque entre otros aspectos, la Ley obliga a todo el alumnado a realizar exámenes de reválida para obtener los títulos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, aunque aprueben todas las asignaturas del curso. Además, el profesorado "pierde su autoridad" académica para reconocer y valorar el aprendizaje y otorgar la titulación.

Asimismo, dice que la Ley priva a las familias y al alumnado de su capacidad para participar activamente en la organización y gestión de los centros públicos o financiados con fondos públicos, otorgando a la dirección del centro muchas competencias que afectan incluso a las plantillas del profesorado.

Centros privados

Además, afirma que obliga a todos los centros educativos, tanto públicos como privados, a competir para obtener unos recursos cada vez más escasos, y favorece que los centros privados puedan seleccionar a su alumnado.

Según el consejero, la LOMCE obligará a las administraciones a financiar con dinero público a centros educativos privados que "segregan" a su alumnado por sexo, a la vez que mantiene los recortes que hasta ahora se han venido aplicando y obliga a las administraciones autonómicas a financiar con recursos propios la reforma.

"Nosotros en Canarias tenemos claro lo que hay que hacer con esta Ley mientras dure, ya que no nos resignamos al triunfo de la sinrazón y vamos a actuar para evitar sus efectos perniciosos, pero siempre con la propia Ley en la mano y teniendo en cuenta el sentir general de la comunidad educativa. Trataremos de evitar los efectos que puedan ser irreversibles y preservar la equidad como valor esencial", explica.

Por ello, la Consejería ha trasladado a toda la sociedad canaria su disposición para realizar una implantación "inteligente" y consensuada de la LOMCE que evite "daños irreversibles" para el alumnado, las familias y el profesorado.

A través de un documento que se ha hecho llegar a las organizaciones, la Consejería ha mostrado que es posible adoptar medidas concretas que preserven el carácter de servicio público esencial de la Educación, que es posible prolongar el derecho a la educación obligatoria del alumnado que no supere la revalida de la ESO, y que se puede mantener la atención a las necesidades educativas a lo largo de la etapa secundaria obligatoria.