El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este jueves que el Ayuntamiento "no quiere un ERTE —Expediente de Regulación Temporal de Empleo— en Limasa", sino que se ha planteado "al no haber habido un acuerdo en la negociación del convenio colectivo". De todos modos, ha dicho que un ERE temporal "es una situación activa y ya quisieran los miles de trabajadores en paro de la provincia estar en esa situación".

Así se ha pronunciado a raíz de sendas mociones sobre Limasa presentadas por el PSOE e IU en el pleno ordinario de este jueves, y que han sido rechazadas por la mayoría absoluta del PP. En su opinión, "los empleados de Limasa conocen bien la situación de los ciudadanos, con una tasa de paro alta, unos niveles de ingresos inferiores a los suyos y una menor estabilidad, por lo que debe haber un acercamiento".

De la Torre ha hecho hincapié en que, en esta sociedad mixta, la plantilla "no se ha visto afectada en la misma manera que los trabajadores del sector público —ha ofrecido datos concretos, incluso— ni los del privado".

En cuanto a la situación actual, ha expuesto que, al no haber llegado a ningún acuerdo tras casi 80 horas de negociación del convenio colectivo 2013-2014, "era necesario plantear el ERTE", cuya aplicación a partir del 1 de enero de 2014, ha reconocido que puede conllevar una disminución en la limpieza de la ciudad.

Pese a ello, ha seguido defendiendo como mejor opción para encontrar una solución la vía de la negociación colectiva y ha animado a hacer "un esfuerzo de empatía, que es ponerse en el papel del otro, trabajadores y ciudadanos". En cualquier caso, ha dejado claro que éstos últimos "son los que con sus impuestos sostienen el presupuesto municipal".

"AMIGOS"

De la Torre ha dicho a la plantilla de la empresa de limpieza, que ha convocado un paro indefinido a partir del 20 de diciembre, estar "dispuesto" a lo que sea necesario porque los considero "amigos" y porque "quiero lo mejor para todos, para ellos, pero también para mi ciudad". "Ni a los trabajadores ni a los ciudadanos les interesa una huelga", ha opinado.

Sobre la situación del Ayuntamiento en la sociedad mixta, ha defendido que, pese a tener solo el 49 por ciento del accionariado y los socios privados el 51 por ciento restante, el pacto societario le permite "tener un control", que se traduce en que "para poder mandar y marcar los objetivos de crecimiento y de servicios nuevos hay una contrapartida, que es garantizar el uno por ciento de beneficios" —un porcentaje, no obstante, al que tanto el Consistorio como las empresas renunciaron en 2012 y 2013—. "Es como si tuviéramos la mayoría teniendo la minoría", ha apostillado.

Críticas a la oposición

El regidor ha rechazado las afirmaciones de los grupos de la oposición, PSOE e IU, acerca de que los privados han cobrado en cinco años 51,3 millones de euros. "Es una falacia total porque suman los beneficios, que son el uno por ciento; la asistencia técnica, que responde a trabajos que tienen que hacerse, y la compensación, cantidad que se pone para que las cuentas estén equilibradas", ha indicado, precisando que realmente los beneficios que se habrían embolsado las empresas en tres años serían de "menos de tres millones de euros".

Por ello, el primer edil ha criticado a la oposición por "echar leña al fuego; no jugar lealmente y crear alarma social". "A qué juegan, a ayudar a resolver el conflicto o a agravarlo", se ha preguntado, lamentado su "irresponsabilidad", al tiempo que ha abogado por "el diálogo, la negociación, la buena fe, la lealtad, la transparencia, la verdad" y no por "la mentira ni embrollando". "Luz y taquígrafo", ha demandado.

Preguntado por si está satisfecho con el servicio de Limasa, ha reconocido que "todo es mejorable" y ha apuntado que si la cuestión se refiere a la labor del gerente, Rafael Arjona, nombrado por el Ayuntamiento, "me reservo la opinión; he de entender que se ha hecho lo mejor posible". Sí ha tenido, sin embargo, palabras de elogio para el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, que "lo está haciendo muy bien".

PSOE

En cuanto a la oposición, cuyas intervenciones han sido aplaudidas por trabajadores de Limasa presentes en el pleno municipal, ambos grupos han exigido al alcalde la retirada del ERTE para evitar la huelga e, incluso, han apostado por la municipalización del servicio de limpieza como mejor opción para acabar con los problemas permanentes en esta empresa.

La portavoz socialista, María Gámez, ha exigido a De la Torre que "negocie de verdad" con los trabajadores y, si es necesario, "rompa el contrato con los socios privados y municipalice Limasa", pero, según ha alertado, "la solución no puede pasar por que haya menos limpieza en la ciudad".

"La gestión de este conflicto es su responsabilidad", ha resaltado la edil del PSOE y, haciéndose eco de las palabras del propio regidor malagueño, ha dicho que "los trabajadores necesitan también un mínimo de empatía".

Ha reclamado a De la Torre que "no ponga a la ciudad en la tesitura de una huelga, que sería dramática, o una huelga pequeña cada día cuando unos 350 operarios dejen de trabajar diariamente con la aplicación del ERTE".

Para Gámez, "es importante el equilibrio de la empresa, pero también el de las familias", y ha acusado al primer edil de ser él quien "engaña a la ciudadanía, no asumiendo que la ciudad necesita más atención de limpieza".

En la moción urgente del PSOE también se pedía mostrar el rechazo a la nueva regulación del derecho de huelga propuesta por el Gobierno del PP, ante lo que De la Torre ha señalado que "en ocasiones la ciudadanía se ha sentido rehén del desvío de la huelga y, al final, el resultado es algo que se podía haber alcanzado sin conflicto". "Tratar de poner una cierta regulación de los servicios mínimos no afecta a un derecho constitucional como es el de la huelga", ha expuesto.

IU

El portavoz de IU, Eduardo Zorrilla, quien ha demandado de nuevo la municipalización de Limasa, puesto que "supondría un ahorro de hasta 47 millones en cinco años", ha calificado de "justas" las reivindicaciones de los trabajadores, y, aunque ha reconocido que "nadie quiere una huelga porque sería muy negativa para la ciudad", también ha dejado claro que "es un derecho reconocido constitucionalmente y sagrado".

Zorrilla ha lamentado que el ahorro de 7,1 millones de euros se quiera hacer recaer solo en los trabajadores porque "ellos no han provocado la crisis". Por ello, ha pedido que también se recorte en los beneficios empresariales y en los gastos externos.

Ha advertido de que "lo que sí resultaría negativo es un ERTE, que supondría 356 trabajadores menos al día, cuando tenemos ya un mal servicio". Además, ha precisado que la presentación de un expediente "no favorece para nada la negociación, sino todo lo contrario".

FACTURAS

IU ha solicitado también la creación de una comisión de investigación para aclarar las denuncias de los representantes sindicales de Limasa acerca de facturas por trabajos de reparación de vehículos, supuestamente, no realizados.

Un aspecto que, sin embargo, ha sido rechazado por el equipo de gobierno, quien ha defendido la transparencia en este asunto, publicando, para ello, información de cada una de las facturas.