La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales habrá abonado 2.874 millones a los proveedores sanitarios a finales de 2013. Así lo ha informado este jueves la consejera del ramo, María José Sánchez Rubio, en sesión parlamentaria, donde ha matizado que "Andalucía es de las pocas comunidades que actualmente mantienen su calendario de pago a los colegios farmacéuticos".

Concretamente, y en respuesta a una pregunta formulada en el Pleno del Parlamento por la diputada popular Ana María Corredera sobre a cuántos asciende la deuda de la Consejería con los proveedores de servicios públicos sanitarios, Sánchez Rubio ha señalado que ya se han abonado más de 2.500 millones, a los que se suman los 374 millones que se están abonando y a los que se sumarán otros 1.363 millones próximamente.

La consejera, quien ha reiterado que la "gran preocupación de la Administración y la prioridad es el mantenimiento de los servicios y las prestaciones en los mismo términos de calidad y accesibilidad", ha apuntado que, aunque situación "se ha visto agravada por la crisis económica", su departamento "con gran esfuerzo" está haciendo frente a los pagos a los proveedores y prestatarios de servicios sanitarios en la comunidad.

En la misma línea, se ha referido a las dificultades que desde el Gobierno central se están poniendo a las comunidades autónomas y en las que sigue ahondando, tal y como ha señalado la máxima responsable de la sanidad andaluza, "en la infrafinanciación estructural del sistema cuando propone a Bruselas reducir aún más el porcentaje del PIB que se invierte en sanidad".

Por su parte, Corredera ha señalado que en su comparecencia la consejera "ha reconocido más deuda de la que dan oficialmente", a lo que Sánchez Rubio ha respondido "no confunda los datos", y ha dicho que "cuando habla de 2.500, 374 y 1.363 millones de euros, habla de pagos algunos de los cuales proceden de pagos anteriores que se puede computar como deuda, pero otros están dentro de los pagos normales".

Además, la portavoz popular ha indicado que "se deben 188 millones de euros por productos farmacéuticos, 64 millones por reactivos o 61 millones de prótesis e implantes", y ha lamentado que "cuando se producen restricciones en material o se suspenden intervenciones quirúrgicas, las consecuencias las pagan siempre los ciudadanos".