Los miembros de la recién creada red 'La salud del paciente, por delante' han denunciado las desigualdades y discriminaciones que se están produciendo en las distintas comunidades autónomas en el acceso por parte de los pacientes a los nuevos anticoagulantes orales, unos fármacos que han demostrado ser "más eficaces y seguros" que los anteriores.

Así lo han señalado este miércoles el coordinador de la red y jefe del servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, José Ramón González Juanatey; el también coordinador de la iniciativa y del Grupo de Enfermedades Cardiovasculares de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC), José María Lobos Bejerano; el jefe del servicio de Neurología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, Jaime Masjuan; el jefe del servicio de Hematología del Hospital Morales Messeguer de Murcia, Vicente Vicente; y la presidenta de la Federación Española de Ictus (FEI), Carmen Aleix.

Todos ellos han destacado la necesidad de que el Sistema Nacional de Salud (SNS) introduzca cuando antes los nuevos anticoagulantes para tratar a los pacientes que más se pueden beneficiar de los mismos ya que, según ha comentado Vicente, consiguen reducir en un elevado porcentaje el riesgo de padecer ictus de un paciente con fibrilación auricular dado que, en comparación con los 'viejos', reduce los problemas hemorrágicos.

"No conseguimos entender las restricciones que se están produciendo en el área cardiovascular en cuanto a innovaciones se refiere y nos parece una discriminación clara", ha comentado González Juanatey. En este sentido, Vicente ha avisado de que existen "18 recomendaciones" —17 de las CCAA y una del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad— sobre el uso de estos fármacos que, a su juicio, están haciendo que haya desigualdades en el acceso a los mismos.

Además, a pesar de que la Agencia Española del Medicamento aconseja suministrar estos medicamentos a los pacientes llamados prioritarios, el ritmo de introducción que están teniendo en España es "claramente" inferior al observado en la mayoría de los países europeos. De hecho, en España apenas llega al 9 por ciento, mientras que en otras regiones como Francia y Alemania superan el 22 por ciento.

Esta denuncia ha sido plasmada en el documento que la red ha realizado, titulado 'Por un tratamiento razonado y comprometido con el paciente anticoagulado', y en el que se reclama que estos medicamentos sean reconocidos como una innovación terapéutica de "gran valor", por su "elevado beneficio" clínico y porque, además, suponen un "gran avance" para el paciente no controlado con la terapia clásica, así como para el paciente con ictus previo en prevención secundaria.

Es necesario crear un consenso de control de la anticoagulación

Por ello, el grupo de expertos ha recomendado desarrollar un consenso para definir un método homogéneo y válido de control de la anticoagulación aplicable de manera uniforme en todas las comunidades; y han destacado la necesidad de que las sociedades científicas profundicen en la correcta formación de los profesionales para mejorar la calidad de los tratamientos, de que los profesionales prescriban la terapia anticoagulada más indicada a los pacientes, y de que los pacientes participen en la gestión de su enfermedad a través de programas de educación para la salud.

"Es imprescindible optimizar la innovación y el valor que aportan los nuevos anticoagulantes orales en el tratamiento anticoagulante. El retraso del inicio de la terapia en pacientes prioritarios representa una pérdida de oportunidad para la prevención con potenciales consecuencias para el paciente, la familia y la comunidad. Por tanto, todos debemos esforzarnos para lograr que se incorporen progresiva y adecuadamente, sin más demoras, en la práctica asistencial, dado que la salud de nuestros pacientes debe estar por delante", han reflejado los especialistas en el documento.

Y es que, la Unión Europea recomienda incorporar y financiar en los sistemas sanitarios públicos todas las innovaciones que representen menos de 30.000 euros por año de vida ganado sin discapacidad. Un requisito que, según ha recordado González Juanatey, lo cumplen estos nuevos medicamentos, debido a que se ha demostrado que cuestan unos 15.000 euros por año de vida ganado y, además, unos 5.000 euros si se administran en aquellos pacientes que tienen un mal control con los anticoagulantes clásicos.

En este sentido, Lobos Bejarano ha informado de que los pacientes prioritarios a recibir estas terapias son aquellos que tienen un alto riesgo embolico, que no están bien anticoagulados con los antagonistas de la vitamina K, que presentan mayor riesgo de hemorragia y aquellos que han sufrido un ictus cardioembólico relacionado con la fibrilación auricular, una enfermedad que afecta a unas 800.000 personas en España y que multiplica por cinco el riesgo de sufrir un ictus.

Como consecuencia de ello, los expertos han insistido en que los nuevos anticoagulantes reducen las hemorragias cerebrales y que, además, no interactúan con otros medicamentos o alimentos. Del mismo modo, prosiguen, no necesitan los controles rutinarios que las terapias clásicas, lo que hace más fácil su administración.

Por su parte, la presidenta de FEI ha avisado de que son los derechos de los pacientes los que se están "cuestionando" y ha señalado que todas las dificultades de acceso que se han identificado acaban provocando que, de manera u otra, el paciente no reciba el tratamiento que "mejor" se ajusta a su situación clínica y sociosanitaria. "Iniciativas como la red son necesarias para que llegue información transparente tanto a los profesionales como a los pacientes", ha apostillado Aleix.

Finalmente, González Juanatey ha recordado que son las sociedades científicas y de pacientes las que deben reclamar y luchar para que estas desigualdades no se sigan produciendo. "Tenemos que darnos cuenta de que parte de esta solución depende de nosotros mismos porque, si no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros", ha zanjado.