El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha opinado este jueves que, en caso de aprobarse la reforma que permitirá a los fiscales instruir, "podría conseguirse" que investigaciones de la "importancia" del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares "tuvieran una finalización anterior, mucho más rápida".

En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar en Sevilla la jornada 'Futuro de la justicia penal: el fiscal investigador', García Calderón ha explicado que es en las Cortes donde ha de debatirse el nuevo código procesal penal, "una ley fundamental para toda la sociedad española, no sólo para jueces, fiscales o letrados".

Ha opinado que "no hay prácticamente controversia" sobre el hecho de que sean los fiscales, y no los jueces, los que asuman la instrucción de los procedimientos. "Todo el mundo reconoce que la instrucción por el fiscal es necesaria, otra cosa es cómo llevemos a cabo esa reforma y hasta qué punto puede existir un control mayor o menor por parte del juez de garantías", ha subrayado.

Al hilo de ello, el fiscal superior de Andalucía ha considerado que todos estos "son matices" que "deberán ser analizados" en el debate parlamentario y que "pueden mejorar el texto normativo", añadiendo que "hay unanimidad en cuestiones como la necesidad de acortar temporalmente" la instrucción criminal.

Cuestionado por el hecho de que la propia juez Mercedes Alaya haya reconocido que la carga de trabajo "excede en muchos momentos" de "las capacidades personales", García Calderón ha insistido en que "nunca" se ha pronunciado sobre el caso ERE, ya que "la competencia le corresponde a la Fiscalía Anticorrupción y la única interlocución es la suya".

"En términos generales, todos creemos que la instrucción por el fiscal tiene algunos beneficios, como por ejemplo que puede acumularse un mayor número de fiscales en una causa concreta, cuando las circunstancias así lo exijan", lo cual "puede que mejore la eficacia en la instrucción criminal".

Con todo ello, "podríamos conseguir que investigaciones" de la "importancia" del caso ERE "tuvieran una finalización anterior y mucho más rápida".

De su lado, el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, ha apoyado que los fiscales asuman la instrucción criminal, "al igual que sucede en el ámbito penal de menores", quedándose el juez cumpliendo "un papel de garantías".

Ha añadido que "no hay relación directa entre que la investigación la lleve el juez o el fiscal y la celeridad en el proceso penal", punto en el que ha indicado que "uno de los mayores obstáculos" a esta reforma es el hecho de que "existan suspicacias por parte de sectores jurídicos y de la sociedad en cuanto al grado de dependencia del fiscal respecto del poder ejecutivo".

"Ese sigue siendo uno de los principales obstáculos para que se opte definitivamente por que el fiscal sea quien instruya los asuntos penales", ha concluido Gallardo.