El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, desea que la Audiencia Provincial de Valencia siga el criterio de la Abogacía del Estado y no decrete la excarcelación del único condenado por el asesinato de las tres niñas de Alcàsser, Miguel Ricart.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia comenzará a deliberar este viernes sobre la aplicación de la doctrina Parot a Miguel Ricart, tras recibir las alegaciones de todas las partes. Entre ellas, en este caso, la Abogacía del Estado se ha opuesto a la excarcelación de Ricart argumentando que la sentencia dictada sobre la etarra Inés del Río no es extrapolable a todos los supuestos. De igual modo se ha mostrado contraria la acción popular ejercida por la asociación Clara Campoamor, mientras que Fiscalía no se opuso.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Gallardón ha confiado en que, a la hora de aplicar a Ricart la sentencia del Tribunal Estrasburgo contra la 'doctrina Parot' en el caso de la etarra Inés del Río, los jueces entiendan que hay una diferenciación a la hora de poner en práctica esta doctrina a partir de 2006.

Preguntado si el Gobierno no podía haber actuado de manera similar para evitar la excarcelación de otros criminales, el ministro ha asegurado que lo ha hecho en todos los casos en los que ha podido. Según él, de esa manera se cumple el compromiso de que no habría aplicación generalizada de la sentencia de Estrasburgo, sino que sus efectos se estudiarían caso por caso.

Gallardón ha asegurado que al Gobierno, como a los ciudadanos, le "duele" la sentencia y la excarcelación de terroristas y criminales, pero ha recalcado que no hay más remedio que aplicarla.

Es más, ha subrayado que "en un momento en que hay otros riesgos para España", un Estado de Derecho no puede "declararse insumiso" respecto a los que deciden los tribunales internacionales, que son los amparan la legalidad y la "integridad territorial".

"con mucho dolor"

El ministro ha justificado también la rapidez con la que las Audiencias Provinciales han decretado las excarcelaciones —más de 60 terroristas y criminales en un mes—, argumentando que hay doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que dice que las causas con presos deben tramitarse de manera prioritaria, y "es lo que se está haciendo, con mucho dolor".

Al hilo de la "indignación y temor" que han provocado las excarcelaciones, Gallardón ha defendido la reforma del Código Penal que se analizará en el Congreso dentro de dos semanas y ha pedido a los grupos que hagan una "profunda reflexión" y apoyen la prisión permanente revisable, "porque hasta ahora los únicos que han tenido dolor permanente han sido las víctimas", mientras que la responsabilidad penal caducaba.

El ministro ha defendido que, además de saldar la deuda con la sociedad, debe garantizarse que los criminales "no van a volver a delinquir, por arrepentimiento o por curación", de manera que hasta entonces no deben obtener la libertad.