El juez Fernando Andreu, que instruye en la Audiencia Nacional el llamado 'caso Bankia', ha citado a declarar a 21 nuevas personas relacionadas de una u otra manera con la salida a Bolsa y posterior intervención pública del banco. Entre las nuevas testificales reclamadas por el magistrado figuran el exdirector general de Política Económica y actual director general del FROB, Antonio Carrascosa, y el subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury.

También están llamados a declarar el antiguo director general del FROB, Mariano Herrera, y altos cargos del Banco de España, como el secretario general, Francisco Javier Priego, el director general de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello, o el inspector jefe de grupo, José Antonio Gracia.

Junto a ellos, y tal como consta en el auto al que ha tenido acceso este diario, tendrán que prestar declaración como testigos (lo que implica que no tienen derecho a mentir, al contrario que un imputado) antiguos altos cargos de Bankia, Caja Madrid y BFA (matriz del banco). Así, están citados Luis Maldonado (exdirector de Gabinete de Presidencia, mano derecha de Rodrigo Rato), Matías Amat (exdirector general de participadas) y Pedro Vázquez (director general de medios de BFA-Bankia).

Además de las comparecencias, el juez Andreu ha solicitado, a instancia de la acusación popular liderada por Andrés Herzog (abogado en representación de UPyD) una batería de pruebas encaminadas a conocer gastos, inversiones y políticas retributivas en Bankia.

Así, por ejemplo, ha solicitado al banco de inversión Lazard (en el que trabajó anteriormente Rodrigo Rato) que remita toda la documentación "que soporte el asesoramiento prestado a BFA, Bankia y Caja Madrid durante los años 2010, 2011 y 2012". También se solicita al Banco de España los informes de seguimiento y la documentación tramitada por su comisión ejecutiva en relación a Bankia o las cajas que la formaban entre 2008 y 2012.

Otra de las pruebas solicitadas por el juez es una carta en la que la dirección de Bankia informaba al Banco de España de que necesitaba una reestructuración para ser viable. Esa carta reclamada por Andreu estaría fechada el 5 de marzo de 2012, lo que significaría que Bankia ya era consciente de su situación en esas fechas.

Además, el magistrado reclama documentación que atestigüe el número de acciones de Bankia en poder de antiguos consejeros, directivos y sus familiares, así como las retribuciones variables percibidas por los altos cargos del banco posteriormente nacionalizado en 2011.