El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha manifestado este miércoles que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) debe ser aplicada "a cada uno de los distintos supuestos en función de las circunstancias", y que por ello la oposición de la Abogacía del Estado a la excarcelación del asesino de las niñas de Alcásser, Miguel Ricart, no entra en contradicción con lo establecido por el Tribunal Supremo en relación con estos casos.

"La sentencia debe ser aplicada a cada uno de los distintos supuestos en función de las circunstancias de cuando se pronunció la sentencia y de cuando entra en vigor o no la modificación de la doctrina. -ha explicado-. Por lo tanto lo que ha hecho la Abogacía del Estado es, de acuerdo con la sentencia del Supremo, defender los intereses generales".

La Abogacía ya ha presentado su escrito de alegaciones ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, quien este lunes le dio traslado para que se pronunciara en un máximo de 48 horas sobre la posible excarcelación de Ricart, tras anularse la conocida como 'doctrina Parot'.

Ricart fue la única persona condenada por el asesinato de Miriam García, Toñi Gómez y Desirée Hernández, las niñas de 14 y 15 años que desaparecieron en noviembre de 1992 y cuyos cuerpos fueron localizados en el paraje de La Romana el 27 de enero de 1993. El otro considerado autor de este suceso, Antonio Anglés, huyó y figura en paradero desconocido desde entonces.

Ley de seguridad ciudadana

Ruiz-Gallardón, quien ha asistido este miércoles al homenaje al catedrático Julián Santamaría en el Centro de Estudios Políticos y Sociales, donde ha compartido mesa de debate con el expresidente Felipe González, se ha referido igualmente a las críticas del PSOE respecto del borrador de Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Ministerio del Interior.

"Me parece sorprendente que se pongan reparos a un texto que no se conoce —ha dicho el ministro de Justicia—. Me parece que no es un juicio de diagnóstico, sino de pronóstico, porque el Partido Socialista no conoce un proyecto de ley que ha aprobado aún el Consejo de Ministros". A su juicio, ello "devaluarán las críticas que se hagan cuando se conozca el texto".