La asociación Ecologistas en Acción ha trasladado esta semana un dossier a la Comisaría de Medio Ambiente de la Comisión Europea (CE) en la que se hace alusión a las "nuevas" amenazas que para el espacio natural de Doñana suponen proyectos como el del dragado de profundización del río Guadalquivir, la detracción ilegal de agua y las iniciativas mineras de Aznalcóllar (Sevilla) y Riotinto (Huelva).

Así lo ha indicado a Europa Press el responsable de Minas de Ecologistas en Acción, Antonio Ramos, que ha entregado presencialmente el documento en Bruselas (Bélgica), así como también se ha entrevistado con una eurodiputada del PSOE a la que le ha "rogado" que "hable con la Junta de Andalucía sobre estos asuntos".

Respecto al dragado, Ramos ha expuesto que, de seguir adelante con el proyecto que promueve la Autoridad Portuaria de Sevilla, "la zona va acabar salinizada pese a lo que se diga de la protección de orillas", en referencia al proyecto presentado por el Puerto como uno de los puntos restantes para dar validez a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que ya estudia la Junta.

En relación a las actuaciones en materia de minería, el portavoz ecologista ha hecho hincapié en el "gravísimo riesgo" que puede presentar el proyecto de Riotinto —respecto al cual los propios conservacionistas han llegado a alegar que la fractura de las balsas de lodos es "inminente"— para la marisma del Odiel, con unos hipotéticos niveles de contaminación "con lo que desaparecería la marisma y se acabaría la avifauna".

En lo tocante a Aznalcóllar, Ramos subraya que ni el colectivo ni la CE conciben "cómo se plantea de nuevo esta situación en el Guadiamar, con el dinero que ha costado a España y Europa su limpieza", así como la "demencia" de balsas como las utilizadas en su momento por Boliden o que los residuos puedan ir a parar a la antigua corta, "con filtraciones".

Por último, Ecologistas en Acción ha recordado, respecto a los pozos ilegales, que ya existe una sentencia que alude a la clausura de los mismos, "con sanciones de hasta 600.000 euros, sin que se pueda entender cómo la Junta, en su momento, o la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a día de hoy, continúan con esta situación".