La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha expresado su temor por que el Gobierno central quiera "recurrir de tapadillo" la Ley de función social de la vivienda, tras lo que ha acogido con "estupor democrático y político" las palabras de la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, quien, ha recordado la consejera, había indicado que esta ley "se había aprobado por las bravas".

La consejera ha recordado que el pasado martes se reunió con la ministra de Fomento, Ana Pastor, a la que se le trasladó la "urgencia" en celebrar una comisión bilateral Gobierno-Junta "que nos permita dirimir las competencias de una ley que está teniendo unos resultados extraordinarios". Así, ha recordado que "hay 31 expedientes publicados en BOJA y un centenar de expedientes tramitándose en el seno del Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda, con vistas a seguir defendiendo y protegiendo esa función social de la vivienda y de la política".

Ha recordado asimismo que en paralelo la ley "permite plantear la salida al mercado del alquiler de más de 700.000 viviendas deshabitadas que hay en Andalucía, con sanciones para personas jurídicas e incentivos para personas físicas".

Ante esa petición de reunión de la comisión bilateral, Cortés lamenta que la Junta "sigue sin respuesta por parte del Gobierno central", de forma que, a su juicio, "queda claro que el Gobierno tiene auténtico pánico a entrar en el fondo de esta Ley, sabe que esta ley es constitucional y marca una alternativa al dolor y sufrimiento que están suponiendo las medidas del Gobierno central".

Cortés teme que el Gobierno "quiera recurrir de tapadillo la ley si baja la presión social", de forma que aboga por "seguir defendiendo la actualidad de la Ley de Función Social de la Vivienda y las alternativas de la Junta".

La consejera ha mostrado su preocupación por las palabras de Crespo, toda vez que esta Ley "tiene legitimidad democrática y está aprobada por el Parlamento". "Me llevo las manos a la cabeza y de estar aprobada por las bravas, nada, pues hemos defendido esta alternativa democráticamente, con vistas a defender el derecho humano a la vivienda", asevera Cortés.

Por ello, ha mostrado su "sorpresa" por la reacción de la delegada cuando se solicitó la convocatoria "urgente" de dicha comisión bilateral "a la que Andalucía tiene derecho para dirimir el posible conflicto de competencias".

A su juicio, "negar eso a Andalucía es casi decretar un Estado de excepción, pues este órgano forma parte del diálogo que tiene que haber entre administraciones, algo recogido por la Ley del Tribunal Constitucional y por el Estatuto de Autonomía".

Tras recordar que la ministra "se comprometió a trasladar al ministro competente nuestra petición", Cortés espera que el Gobierno "convoque la bilateral y lo haga antes de recurrir", aunque reconoce que tras las manifestaciones de la delegada "es razonable que aventuremos otros elementos, como ya hicieron con el decreto".

Cortés ha resaltado que esta ley "es de todo el Gobierno andaluz, que la ha hecho su santo y seña", tras lo que recordado que la Junta "ha defendido no solo la constitucionalidad y la utilidad de la misma, sino que ha defendido que se marque un camino alternativo al dolor y al sufrimiento, mostrando que se pueden cambiar las cosas cuando hay voluntad política de atender a las demandas de los ciudadanos".