El colectivo de adjudicatarios de las viviendas protegidas promovidas en Sevilla Este por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), ha celebrado este miércoles el giro experimentado por el conflicto al elevar la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb) el caso a la Fiscalía y solicitar el concurso de acreedores para la fundación. Los adjudicatarios, en una rueda de prensa, han anunciado que continuarán con sus propias acciones judiciales y han reclamado que "se depuren responsabilidades".

Esta promoción de viviendas protegidas parte de la 'Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa', participada por la CEA, y cada uno de sus adjudicatarios había entregado unos 17.000 euros en concepto de anticipo mientras arrancaba la construcción de los edificios allá por 2008. En 2009, las obras fueron paralizadas a cuenta de las dificultades financieras de la sociedad 'Dolmen Consulting Inmobiliario', encargada de la gestión de la promoción de viviendas. Aunque inicialmente la entrega de las viviendas estaba programada para 2010, no fue hasta 2012 cuando fueron entregadas las 73 únicas viviendas terminadas hasta el momento, pues las restantes 510 esperan aún la finalización de su construcción.

En materia financiera, el préstamo sobre el que trabajaba la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa para edificar las viviendas había sido concedido por la antigua Caja Madrid, integrada posteriormente en Bankia, una entidad bancaria marcada por un agujero financiero de miles de millones de euros cuya situación motivó su nacionalización a manos del Estado. Después, la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), lo que viene siendo el 'banco malo', se habría hecho cargo de este préstamo sin que hubiese sido aún resuelta su viabilidad o no.

De cualquier modo, serían ya casi 200 los adjudicatarios que han emprendido los trámites necesarios para renunciar a tales viviendas y reclamar la devolución de las partidas económicas entregadas por anticipado, extremo que no cumplen ni la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa ni 'Millennium Insurance', la compañía aseguradora de las partidas entregadas a cuenta por los adjudicatarios. El colectivo, en ese sentido, advierte de que la suma de los anticipos entregados roza los 9,5 millones de euros.

Llega la sareb

Entretanto, y como se ha informado, la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb) ha denunciado ante la Fiscalía la supuesta no justificación del destino de los fondos recabados por la fundación para el desarrollo de la promoción de viviendas protegidas, aproximadamente 1,7 millones de euros. Igualmente, la Sareb ha solicitado a los juzgados de lo Mercantil de Sevilla que la propia fundación sea declarada en concurso de acreedores. La Administración autonómica, de su lado, ha anunciado que reclamará a la fundación el reintegro de la subvención de 1,7 millones de euros concedida para la construcción de las viviendas si finalmente las mismas no son entregadas.

Dado el giro experimentado por el conflicto a cuenta de las decisiones adoptadas por la Sareb, los representantes de la asociación de afectados han protagonizado este miércoles una rueda de prensa acompañados de su abogado. Y es que como han señalado, los afectados no han estado de brazos cruzados durante este periodo de tiempo, pues ellos mismos exponían hace meses a la Sareb el supuesto vaciamiento de fondos de la fundación y las presuntas irregularidades que residen en estas actuaciones, como el "desvío" del dinero correspondiente a sus anticipos.

Igualmente, el Juzgado de Primera Instancia número 12 ha admitido a trámite su demanda por daños y perjuicios, en la que los afectados reclaman a la citada fundación 1,1 millones de euros por los daños y perjuicios derivados del retraso en la entrega de las viviendas y los efectos del no aprovechamiento de las mismas, promoviendo igualmente acciones judiciales contra la cúpula de la fundación, lo que incluye a Francisco Herrero, presidente de la CEA.

"Ni Ayuntamiento ni Junta de Andalucía han sabido dar solución a este conflicto durante estos años y desde la CEA no se ha atendido a esta asociación ni a ninguno de los afectados", dice el colectivo asegurando que seguirá con sus campaña en el plano social y judicial y reclamando "que se depuren responsabilidades".