La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha imputado este miércoles dos presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación al exsecretario general de Hacienda Antonio Estepa, a quien atribuye haber propiciado un "déficit" de 131 millones de euros durante los cuatro años que ocupó dicha Secretaría a través del uso de las transferencias de financiación.

En un receso de su declaración como imputado, abogados presentes en la comparecencia han informado a los periodistas de que la magistrada Mercedes Alaya le imputa haber "impulsado" el uso de las transferencias de financiación a fin de "eludir" la fiscalización previa, provocando un "déficit" de 131 millones de euros.

Ante ello, el imputado ha puesto de manifiesto que el sistema de las transferencias de financiación empleado para el pago de las subvenciones sociolaborales del programa 31L, conocido como 'fondo de reptiles', "era legal" y se trataba de un sistema "adecuado" que fue aprobado por el Parlamento, señalando en este punto que "todos los parlamentarios conocen el lenguaje presupuestario".

No obstante, Estepa ha reconocido que "si hubiera habido una fiscalización previa se hubiera evitado el déficit", aunque en otro momento de la comparecencia ha aseverado que "no se plantearon cambiar" dicho sistema "porque era un sistema adecuado".