El exvicepresidente segundo de Novacaixagalicia, Salvador Fernández Moreda, ha asegurado este miércoles que la caja fusionada no se ocupó de la cuantificación de las indemnizaciones millonarias cobradas por altos cargos de la entidad y ha indicado que el consejo de administración y la comisión de retribuciones se limitaron a ejecutar contratos heredados de las antiguas cajas.

En declaraciones a los medios a su salida de la Audiencia Nacional, donde ha comparecido como testigo en la causa que investiga a la entidad por la concesión de estas indemnizaciones, Fernández Moreda, que formó parte del consejo de administración de Caixa Galicia y que dimitió de su cargo en la caja fusionada en agosto de 2012, ha asegurado que ha respondido a todas las preguntas. "He estado tranquilo y salgo tranquilo", ha dicho.

El que fuera también presidente de la Diputación de A Coruña ha defendido que no está acusado "de nada" y ha indicado que su intención es "colaborar con la Justicia". "He contestado a todo lo que me han preguntado y he dicho la verdad", ha agregado.

Fernández Moreda se ha referido también al contenido de su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y ha especificado que las tres personas indemnizadas por la caja "venían de Caixanova" —el cuarto directivo indemnizado, Javier García de Paredes, abandonó la entidad cuando ya se había transformado en banco—. "Cuando hay una fusión por el principio de sucesión universal, la empresa nueva que da origen y crea la fusión subroga todos los derechos laborales", ha dicho.

Ha añadido que, por ello, se aplicaron "contratos en vigor", el más reciente de ellos del año 2005. En cuanto a las indemnizaciones, ha asegurado que "ni el consejo ni la comisión de retribuciones hizo ni cuantificó la indemnización sino que ejecutó un contrato, nada más".

Contratos "correctos"

Por otra parte, el abogado del letrado Ricardo Pradas, un experto en derecho laboral que asesoró a Novacaixagalicia, que declaró como imputado ante el juez el pasado lunes, ha defendido su inocencia y ha asegurado que los contratos en los que se establecían las indemnizaciones eran correctos.

"El señor Pradas no es un asesor que se inventa ad hoc, que aparece en un momento determinado; llevaba 20 años trabajando para la entidad, para la Confederación de Cajas de ahorros y para el Banco de España", ha indicado el abogado

El letrado ha agregado que Pradas "hizo el armazón de los contratos". En cuanto a las cantidades fijadas para las retribuciones ha asegurado que "era el banco el que las ponía con la Comisión de Retribuciones y el Consejo de Administración".

El juez Ruz ha tomado declaración esta semana a los últimos cinco imputados en la causa, cuatro integrantes de la comisión de retribuciones de la antigua caja y un abogado. Además de Fernández Moreda y Pradas, han declarado el que fue copresidente de la caja fusionada y presidente de Caixa Galicia, Mauro Varela; Alfonso Zulueta de Haz, procedente de Caixanova y que fue vicepresidente cuarto de Novacaixagalicia y Pilar Cibrán, catedrática de economía procedente también de la caja con sede en Vigo.

En total son diez los imputados en el caso, dentro del que ya comparecieron, hace algo más de un año, ante el juez Ismael Moreno, el exdirector general de Novacaixagalicia, José Luis Pego; el exdirector general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; uno de los copresidentes, Julio Fernández Gayoso; el exresponsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán, y uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada.