El Principado cifra en 60 millones al año "como mínimo" el coste de asumir atribuciones municipales

El consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Martínez, ha cifrado este miércoles en 60 millones de euros al año "como mínimo" el coste de asumir las atribuciones de los ayuntamientos asturianos "solo en obligaciones" de mantenimiento de servicios.
Guillermo Martínez
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EUROPA PRESS
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El consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Martínez, ha cifrado este miércoles en 60 millones de euros al año "como mínimo" el coste de asumir las atribuciones de los ayuntamientos asturianos "solo en obligaciones" de mantenimiento de servicios.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Martínez ha señalado que en el ámbito educativo, por ejemplo, se estima en unos 30 millones de euros anuales el mantenimiento de instalaciones. De este modo, ha reiterado el rechazo del Ejecutivo asturiano a la reforma planteada por el Gobierno del PP, por considerar que es un recorte "en democracia y en servicios a los ciudadanos".

Al respecto, ha criticado que no se haya abordado la financiación para asumir por parte de las comunidades o diputaciones las atribuciones que hasta ahora tenían los municipios, remarcando que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha reconocido que las entidades locales son las más apropiadas para prestar servicios de proximidad.

De este modo, Martínez ha recordado que este miércoles en el Senado el Principado mostró, junto a Cataluña, Andalucía y Canarias su rechazo a la reforma local, al considerar que supone un "recorte en democracia" y una invasión de sus competencias autonómicas, de tal forma que si el Gobierno central no rectifica acudirán al Tribunal Constitucional para defender sus respectivos Estatutos y la autonomía local.

Igualmente, el consejero ha incidido en que el anuncio de ahorro de 8.000 millones de euros no es real, advirtiendo de que la reforma no resuelve el problema de financiación.

Por otra parte, el portavoz del Principado ha apuntado que el Gobierno asturiano continuará defendiendo en vía judicial su autonomía para recaudar tributos, como el impuesto a depósitos bancarios, sobre cuyos datos de recaudación en 2013 informará al cierre del ejercicio.

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