El consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez, ha advertido este miércoles de que la reforma de la administración local "tiene que llevar aparejada sin ninguna duda la reforma de la financiación" municipal.

La financiación local "es la asignatura pendiente desde que estamos en Democracia", ha observado, para defender que "en esta ocasión el Gobierno de España ha cogido el toro por los cuernos" y abordará esta cuestión aprovechando la reforma local y de la financiación autonómica en 2014.

Así lo ha asegurado Antonio Suárez en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de participar en la clausura del Aula de Derecho Local, jornada en la que ha impartido una conferencia el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, José Bermejo Vera.

Tras asistir este martes a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, el consejero aragonés ha resaltado que la conclusión del debate celebrado ayer es que la ley de sostenibilidad y racionalización de sostenibilidad local "será muy importante para garantizar la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos".

En el Senado, "me interesaba resaltar" la necesidad de garantizar la autonomía municipal y el modelo territorial e institucional aragonés, ambos recogidos en el proyecto de ley, "aunque es verdad que le pedí al ministro (Cristóbal Montoro) que si se podía redondear un poquito la disposición adicional quinta en relación con las comarcas aragonesas, mejor que mejor".

El consejero ha rechazado que la norma pueda suponer la pérdida de empleo público, "más bien al revés", dado que la finalidad de la ley "es garantizar la prestación de todos los servicios públicos en las mejores condiciones de eficacia y eficiencia y lo que debe suponer es el mantenimiento del empleo" e, incluso, la generación de actividades que creen más trabajo.

No obstante, el proyecto de ley "sí que pone freno a la proliferación de sociedades y consorcios", así como "a la contratación de empleo eventual, de personal de confianza", pero en materia de empleo "no debe suponer ninguna otra cosa", ha señalado.