El PP se quedó ayer solo en el Senado al aprobar un informe que refrenda que la reforma de la administración local respeta la autonomía de las comunidades, contra el criterio del resto de grupos de la Cámara Alta, que insistieron en que la norma vulnera el reparto competencial, y contra el criterio de varias autonomías, que han advertido que recurrirán al Tribunal Constitucional si se aprueba tal cual está. El PNV ha optado por la abstención.

El debate se produjo en la Comisión General de Comunidades del Senado, en la que se discutió esta vertiente de la reforma local en una larga sesión en la que han participado los grupos parlamentarios, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y los consejeros de catorce autonomías: por el PP, Galicia, Cantabria, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia, Madrid y Extremadura, así como Asturias (PSOE), Canarias (CC-PSOE), Andalucía (PSOE) y Cataluña (CiU).

Los consejeros 'populares' defendieron la ley, pero le pidieron al ministro que la nueva financiación autonómica les conceda nuevos recursos para poderla aplicar, ya que les transfiere competencias que hasta ahora ejercían los ayuntamientos, en sanidad, educación y servicios sociales. También pidieron plazos más flexibles para aplicarla.

El resto de consejeros rechazaron de plano la ley, porque a su juicio no respeta el reparto competencial que la Constitución señala entre el Estado y las Comunidades, por lo que varios de ellos han anunciado recurso de inconstitucionalidad.

El debate del proyecto de ley en sí se producirá en los próximos días en la Comisión de Entidades Locales del Senado para debatir los vetos y enmiendas que presenten los grupos. Se prevé que la votación final tenga lugar en el Pleno del 9 al 13 de diciembre.

Tiempo de enmiendas

En su réplica, Cristóbal Montoro agradeció "la calidad de las intervenciones" y ha insistido en que hay tiempo en el Senado para "perfeccionar la propuesta" y buscar nuevos acuerdos para cambiar determinados aspectos, sin necesidad de llegar a la unanimidad sobre el contenido de la ley.

"España es un país plural, ideológicamente, culturalmente, en su geografía, eso ha quedado de relieve. Este proyecto no puede aunar todas las voluntades, la política también son diferencias que enriquecen, pero quiero insistir en que la voluntad del Gobierno es constructiva", les indicó el ministro a los consejeros.

Además, Montoro aseguró que la ley se pondrá en marcha en enero para todos y que el Gobierno afronta ese momento "con humildad". "La intención última es que las instituciones funcionen, sean operativas. Si hace falta ir corrigiendo y modulando lo vamos a hacer", aseguró.

Por último, el responsable de Hacienda defendió el papel del Senado en las reformas y leyes previstas para el año que viene, en concreto, la nueva financiación autonómica y local, ligada a la reforma fiscal. "La plataforma ideal para hacer ese trabajo es el Senado de España. Entre todos tenemos que hacer que el Senado cobre relieve cuando afrontamos reformas de esta envergadura", apuntó.

Psoe pide retirar la reforma

Frente a la defensa del texto realizada por Montoro, el senador del PSOE José María Becana aseveró durante su intervención, que tuvo lugar después de que el ministro ya hubiera abandonado la Comisión, que no debería haberse ido "sin haber retirado el proyecto de ley" porque la está sacando adelante "sin consenso, sin respeto a la Constitución y sin respeto a los estatutos de autonomía".

"No podemos decir que a costa del sudor de los alcaldes y concejales, España se va a ahorrar 9.000 millones de euros porque es una tremenda mentira", señaló, para añadir que la reforma tampoco va a suponer una ahorro en la prestación de los servicios públicos, sino su recorte.

Por su parte, el senador del PSOE por Castilla y León Ibán García lamentó que la intervención del consejero de su Comunidad no ha sido suficientemente crítica, teniendo en cuenta lo "beligerante" que ha sido el Gobierno de la región desde el principio, y pidió a la Junta que, de aprobarse la reforma en los términos actuales, la recura al Constitucional.

Además de García, también tomó la palabra los senadores socialistas José María Ángel Batalla, Francesc Antich, Mario Jiménez y Maru Menéndez, quienes defendieron respectivamente algunos aspectos concretos de la reforma que afectan a las Comunidades que representan.

El portavoz de la Entesa, José Montilla, lamentó la falta de consenso y advirtió que con la reforma salen perjudicados los principios constitucionales de autogobierno y la autonomía local, pero sobre todo los ciudadanos con el recorte de servicios esenciales que va a suponer la norma.

"singularidad catalana"

Por su parte, CiU volvió a poner de manifiesto la necesidad de reconocer la "singularidad" de Cataluña, ya que el texto, tal y como está redactado actualmente, "no respeta el Estatuto de Cataluña". "No hace más que aumentar la desafección de los ciudadanos de Cataluña ante las actitudes del Estado español", sentenció el senador Ferrán Bel.

No obstante, mostró la intención de CiU de seguir negociando "hasta el último minuto" para llegar a un acuerdo a este respecto. "Hay mucho trabajo por delante", señaló Bel. Por su parte, la senadora de CiU Coralí Cunyat denunció que el Gobierno pretende con esta reforma "volver al pasado" mediante la "recentralización basada en la invasión competencial".

En cuanto al PNV, manifestó que aunque el texto no les gusta, el hecho de que el PP aceptara reconocer la peculiaridad vasca durante el trámite de la ley en el Congreso es un paso. Por ello, tanto el senador José María Cazalis como Jokin Bildarratz defendieron durante sus intervenciones en la Comisión que es preciso seguir trabajando. "No es nuestra ley pero seguiremos negociando", manifestó Cazalis.

Grupo mixto

Desde el Grupo Mixto, su portavoz, el senador de Amaiur Alberto Unamunzaga, denunció que con esta reforma el Gobierno pretende ir "a una recentralización del Estado recortando los retazos de soberanía" que todavía tienen las CCAA. "Se está imponiendo la tecnocracia en claro detrimento de la democracia", agregó.

En esta misma línea, la senadora de ERC Ester Capella, denunció que con la nueva reforma la Administración Local se convierte "en el apéndice del Estado centralista". "Es un duro ataque a la autonomía local y recorta en democracia", añadió.

Además, la senadora del PAR, Rosa Santos, alabó la reforma en términos generales pero criticó que no exista en el texto una disposición específica que reconozca el régimen especial de Aragón.

PP:

"fortalece el municipalismo"

Ante las críticas realizadas por los distintos grupos de la oposición, el senador del PP Antonio Sanz denfedió que la reforma local "viene a dar respuesta definitiva a las demandas del muncipalismo", en contra de lo que, a su juicio, dice "de manera demagógica" la oposición. "Este es el Gobierno que más reconocimiento les ha dado a los alcaldes", apostilló.

"Estamos ante una ley de fortalecimiento de las corporaciones locales, donde no se rebaja ni una sola competencia", defendió, para añadir que "nunca van a estar más garantizadas las prestaciones sociales y el empelo local que con un Gobierno como el del PP que garantiza la financiación local".