La juez de Sevilla que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha citado a declarar como imputado este miércoles al exsecretario general de Hacienda Antonio Estepa, que fue imputado el pasado mes de junio junto a otros 19 cargos o exaltos cargos, entre ellos la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez.

En el auto dictado el pasado mes de junio, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla puso de manifiesto que, en la época de Magdalena Álvarez, se creó la Secretaría General de Hacienda, de la que pasaron a depender la Dirección General de Presupuestos y la Intervención General, situándose al frente de dicha Secretaría General el imputado, que ocupó el cargo entre el 21 de mayo de 2000 y el 15 de mayo de 2004.

La juez considera en este auto, consultado por Europa Press, que Antonio Estepa "tuvo una importante intervención" en los presupuestos de la comunidad, "donde se mantendrían durante muchos años las transferencias de financiación como crédito presupuestario para el pago" de las subvenciones sociolaborales del programa 31L, más conocido como 'fondo de reptiles'.

Asimismo, la juez ha citado a declarar el jueves a otros cuatro imputados, entre ellos al presidente de la Asociación de Trabajadores del Matadero de Fuente Obejuna, Manuel Granado Pérez, y a su esposa, Florencia Romero Valdivia, que habría percibido hasta 158.000 euros tras ser incluida como 'intrusa'.

En el auto de su imputación, dictado el pasado 31 de julio, la magistrada dice que "al tomar conocimiento" el conseguidor de los 'ERE' y exsindicalista de UGT Juan Lanzas de las "dificultades" por las que atravesaba Matadero de Fuenteobejuna, que había sufrido cuatro ERE suspensivos, "les ofrecería" la posibilidad de que la Junta les concediera "gracias a su influencia" ayudas públicas para la prejubilación de sus trabajadores en el caso de negociarse un ERE, el cual se aprobó en noviembre de 1998.

El 8 de enero de 2001, un grupo de los trabajadores afectados constituyeron la asociación de extrabajadores "con el fin de conseguir ayudas públicas de la Junta que les pudieran corresponder para prejubilaciones al no haberse colocado dichos trabajadores en otras empresas y estar a punto de acabárseles la prestación por desempleo".

Según la juez, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, "prescindiendo como era habitual de todo procedimiento administrativo", aceptó dar "de manera arbitraria" el dinero "que hiciera falta" a través del pago de las primas de las pólizas que se le presentaron.

Lanzas, asimismo, pidió a un "conocido", Juan José Viedma, citado a declarar el viernes y cuya hija era la administradora de la empresa Técnicas Agrícolas Ecológicas Integrales, que diera de alta en dicha sociedad a todos los trabajadores de la póliza, de forma que Lanzas "montó a todos los trabajadores en un autobús" y los trasladó a la mencionada empresa.

Esta empresa dio de alta a los trabajadores "con contratos falsos", de manera que estuvieron dados de alta entre 16 y 21 días, señala Alaya, que asevera que, "como agradecimiento", tanto la hija de Juan José Viedma —Juana Pilar Viedma Ocaña— como la pareja del primero, Adoración Navarro, fueron incluidas como 'intrusas'. Ambas están citadas también a declarar este viernes.

La juez también ha citado a declarar como imputados el jueves a Mariano Martínez Fernández, antiguo trabajador de Hijos de Andrés Molina y "posible conocido de Lanzas" que cobró 120.000 euros, y al tesorero de la asociación, Domingo Valle Prieto, quien firmó las pólizas en nombre de la asociación junto a Manuel Granado y que habría recibido de manera fraudulenta más de 17.000 euros.