El Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga tiene previsto celebrar este miércoles un nuevo juicio contra el exalcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz y otros siete exediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) por otro delito urbanístico, en este caso, la concesión de una licencia de obra para la construcción de 21 viviendas adosadas.

Esta causa, según fuentes judiciales, se encuentra inicialmente incluida en el acuerdo de conformidad entre las defensas y el ministerio fiscal. Las mismas fuentes han apuntado que el exconcejal Francisco Javier Lendínez también está acusado en esta causa, aunque no conste en el escrito inicial de calificación porque en ese momento estaba declarado en rebeldía.

Los hechos tuvieron lugar en marzo de 2001. Los acusados, según señala el ministerio fiscal en sus conclusiones, a las que ha tenido acceso Europa Press, adoptaron en una comisión de gobierno de marzo conceder una licencia de obras al proyecto básico de 21 viviendas a la empresa Naviro en la zona conocida como La Retranca del Ángel, en Marbella.

Los procesados eran "conscientes de que las obras que se pretendían realizar no se ajustaban al planeamiento vigente en ese momento, que era el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986", que fue publicado en noviembre de 2000, fecha en la que entró en vigor. Además, constaba en el expediente un informe técnico que se refería a dicho plan, que calificaba los terrenos como equipamiento deportivo.

Se les acusa de un delito contra la ordenación del territorio y piden para Muñoz y los acusados Marisa Alcalá y Rafael González —pertenecientes a la misma Corporación— un año de prisión y 10 de inhabilitación; y para el resto, Tomás Reñones, Alberto García, José Luis Fernández Garrosa y José Luis Troyano, nueve meses de cárcel y 10 años de inhabilitación.

En el caso de Lendínez, la condena que se solicitará por parte del ministerio fiscal es de 15 meses de prisión, lo que forma parte del acuerdo alcanzado con la defensa. Este exconcejal ya mostró hace unos meses su primera conformidad con la pena solicitada por la acusación pública por otra causa también por delito urbanístico.