El Govern de la Generalitat ha acordado desestimar la reclamación presentada por la empresa Funciones Taurinas, SA, explotadora de la plaza de toros Monumental de Barcelona desde el año 2007, que había solicitado una compensación económica derivada de la prohibición de las corridas de toros en Cataluña.

El ejecutivo ha tomado esta decisión después de recibir el dictamen favorable de la Comisión Jurídica Asesora. A juicio de la administración, en este caso no se ha producido una disminución patrimonial o una pérdida de beneficio, los derechos de los cuales a ser obtenidos estuviesen en el patrimonio del reclamante.

En consecuencia, no está justificada la exigencia de responsabilidad patrimonial. En este sentido, la documentación aportada por la entidad no acredita la existencia real de los daños alegados, sino que solamente demuestra que había una relación anterior con el sujeto de la prohibición.

Por lo tanto, las ganancias reclamadas serían solo una expectativa, y no un derecho efectivo.

El 3 de agosto de 2010, el Parlament de Catalunya dio luz verde a la prohibición de las corridas de toros, a través de la modificación de la Ley de protección de los animales. La nueva normativa, que entró en vigor el 1 de enero de 2012, instaba al Govern a determinar el importe de la compensación económica que tenían que recibir los titulares de derechos subjetivos afectados por la prohibición, encargo que asumió el Departament d'Economia i Coneixement.

De las 29 solicitudes de reclamación recibidas, ya se han desestimado 27, más una que renunció durante el proceso. En diciembre de 2012, el Govern acordó no indemnizar a 12 toreros. En febrero de 2013, se desestimó la reclamación presentada por una correduría de seguros y en los meses de abril y de mayo, la administración decidió no indemnizar a cinco miembros del equipo médico de la Monumental y a seis empresas relacionadas con el espectáculo taurino.

Finalmente, en junio se desestimó la reclamación que habían presentado 12 veterinarios de la Monumental, así como la de los accionistas de la plaza de toros de Olot. La última solicitud de compensación sigue la tramitación que establece la ley.