El juez de lo Penal que debía enjuiciar este martes al exalcalde de Zurgena (Almería) y actual concejal de Obras Públicas y Servicios, Cándido Trabalón (PA), por 14 viviendas en suelo no urbanizable ha acordado suspender la vista oral y devolver la causa al juzgado instructor de Huércal-Overa para que resuelva un recurso de apelación del Ayuntamiento zurgenero contra las medidas cautelares que le obligaban a revisar de oficio las licencias municipales y declararlas nulas.

La resolución se ha producido tras más de una hora de receso para dar respuesta a las cuestiones previas que han planteado las partes en sala y admite la solicitud del letrado de Trabalón, que ha alegado indefensión de su cliente. En la misma línea se ha pronunciado el abogado del exedil de Urbanismo Manuel Tijeras, quien ha esgrimido como causa de nulidad la falta de pronunciamiento sobre la propuesta de prueba de las defensas.

El juez ha rechazado, no obstante, que proceda la acumulación de este procedimiento a la macrocausa por presunta corrupción urbanística 'Costurero' tal y como han pedido las partes, que han remarcado que este proceso "al igual que otros nueve" se iniciaron de oficio por una denuncia de la Unidad de Delitos contra la Ordenación del Territorio y comparten "identidad de concejales, técnicos y secretario excepción hecha de los promotores".

El magistrado, tras informe de la fiscal, ha considerado que no procedía la acumulación y que no se está, por tanto, ante "delitos conexos". Se trata de la cuarta suspensión de esta vista oral que debe dirimir si incurrieron en presunta prevaricación y delito contra la ordenación del territorio al autorizar la construcción de 14 viviendas en suelo no urbanizable localizado en el paraje Los Llanos del Peral

Trabalón, condenado a 21 meses de prisión y nueve años de inhabilitación para cargo público —si bien el fallo está recurrido en apelación—, se enfrenta en este caso a una petición fiscal de ocho meses de prisión y siete años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación.

El exregidor, principal imputado en la macrocausa 'Costurero' en la que se pide para él 180 años de prisión y más de un millar de inhabilitación, se ha sentado en el banquillo junto a los exediles Manuel Tijeras, Emilia Jiménez, Aniceto López, Josefa Sánchez, Miguel Marín y Juan Morales, tanto en el gobierno como en la oposición durante la corporación en la que Trabalón estuvo al frente de la Alcaldía.

Fiscal retira la calificación de delito continuado

El Ministerio Público, que ha modificado el escrito de acusación y ha retirado la calificación de continuado dada a los delitos, imputa además al arquitecto municipal Carlos D.B., para quien se pide pena de multa y a los tres responsables de promover la obra, los constructores Félix N. y Teodoro T., así como el director técnico, Pedro G.A..

A estos dos últimos, como administradores de las empresas Tisan Sureste SL y Tragarcía S.L., y al encargado de supervisar el proyecto, les imputa la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio, por el que interesa dos años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de profesión o empleo relacionado con la construcción, además de una multa de 24 meses a razón de 20 euros al día.

Según el relato de los hechos que se recoge el escrito del fiscal, ambas empresas promovieron y construyeron bajo la dirección técnica de Pedro G.A., quien realizó el proyecto "con conocimiento de que no era autorizables", un total de 14 viviendas unifamiliares en el paraje conocido como 'Los Llanos del Peral' sobre suelo no urbanizable y lo hicieron con autorización de la corporación local.

El acusado Félix N. celebró además presuntamente un contrato de permuta con los propietarios del terreno a cabo de cuatro de los inmuebles levantado aunque no llegó a transmitir la propiedad de ninguna de las viviendas edificadas, para las que el Ministerio Público interesa el derribo con cargo de los costes al administrador de Tisan Sureste SL.

La Fiscalía considera que el residencial en el paraje de Los Llanos del Peral se autorizó por la corporación local zurgenera, con el voto favorable de los cargos públicos acusados, en una sesión plenaria celebrada el 30 de abril de 2005 y que el acuerdo se alcanzó con un informe técnico previo elaborado por Carlos D.B., quien los emitió "a sabiendas de su injusticia". "Todos tenían conocimiento de que conforme a la legislación vigente las viviendas proyectadas estaban situadas en suelo no urbanizable", concluye.

Trabalón también ha sido absuelto de imputaciones similares. Concretamente en diciembre de 2012 por el Juzgado de lo Penal número 4 en una sentencia que fue recurrida por la Fiscalía y en la que la jueza consideró que no se había acreditado en juicio el carácter no urbanizable del suelo sobre el que autorizó la construcción de cinco viviendas en el paraje de El Cucador.