Galicia, Cantabria y C.Valenciana apoyan la reforma local pero le recuerdan a Montoro que debe mejorar su financiación

Císcar considera "necesario hacer reformas para que la administración sea eficiente, transparente, accesible y con capacidad de respuesta"

Los gobiernos de Galicia, Cantabria y la Comunitat Valenciana, los tres del PP, han respaldado este martes en el Senado la reforma de la administración local pero han subrayado que deberá ir acompañada de una reforma también de la financiación autonómica, anunciada para el año que viene, que les dé más recursos para afrontar las nuevas competencias.

Representantes de los tres gobiernos han intervenido ante la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, que debate la incidencia autonómica de la reforma local y en la que participa también el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

El gallego Alfonso Rueda, vicepresidente y consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta, ha alabado que el departamento de Montoro haya sido "valiente" al afrontar esta reforma y ha repasado la aportaciones hechas por su departamento a lo largo de la discusión del proyecto: para eliminar el coste estándar, sustituido por el coste efectivo, o para evitar la intervención directa de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes.

Rueda ha admitido que una ley básica no puede recoger las peculiaridades municipales de cada autonomía y por eso ha pedido "flexibilidad" para su aplicación y para desarrollar una ley autonómica que sí atienda esos rasgos propios gallegos.

Y en este contexto, ha pedido también flexibilidad económica, que la reforma del sistema de financiación conceda a las autonomías dinero suficiente para ejercer las competencias que hasta ahora desempeñaban los municipios y que la reforma local les traspasa a ellas. Para ello, ha pedido que esa asunción de competencias "quede supeditada o condicionada o amparada por la aprobación del un nuevo sistema de financiación autonómica y local".

En términos parecidos se ha expresado Leticia Díaz, consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, que ha admitido las "incertidumbres" que plantea la aplicación de esta reforma por la financiación de esas competencias y los plazos establecidos para su traspaso de los ayuntamientos a las comunidades.

Sin embargo, Díaz ha apostado por la "leal colaboración" para desarrollar la ley y por hacer una lectura positiva de la norma "en lugar de hacerlo desde la confrontación" y el "alarmismo". "Si ayudamos a esas entidades locales a cumplir la ley, si les decimos cómo hacerlo, garantizamos su viabilidad futura", ha dicho.

Como ejemplo, las entidades locales menores, cuya supervivencia dependerá de que no tengan déficit y cumplan con las obligaciones de presentar y publicar cuentas. La consejera ha explicado que en Cantabria existen 524 de estas entidades y ha asegurado que hará "lo imposible para que no desaparezca ninguna". "Con la colaboración leal es posible su sostenibilidad", ha insistido.

Díaz ha admitido que existe "la incertidumbre de cómo afrontar el desarrollo de la ley", pero ha reiterado que no se debe interpretar la norma "fuera de contexto" sino arropada por otras reformas y teniendo en cuenta que se cambiarán los sistemas de financiación autonómico y local.

Por último, la consejera ha expresado su deseo de que la norma tuviera un mayor consenso, "pero si el Gobierno de España hubiera esperado algunos consenso, estaríamos en situación muy delicada, cuando no de rescate financiero".

"irrenunciable" reparto de competencias

El vicepresidente del Gobierno valenciano, portavoz y conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, José Císcar, ha defendido esta reforma en un momento en el que "la ciudadanía tiene una conciencia generalizada" de que las administraciones deben cambiar. "Es absolutamente necesario hacer reformas para que la administración sea eficiente, transparente, accesible y con capacidad de respuesta", ha dicho.

Ciscar ha asegurado que para la Generalitat Valenciana es "irrenunciable" el reparto de competencias que contiene la nueva ley y ha asegurado que a las autonomías les conviene que quede claro. Pero ha añadido que este nuevo reparto será eficaz y se aplicará adecuadamente "sólo desde un nuevo modelo de financiación que contemple las previsiones de la reforma local".

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