Agroganadería ve difícil incorporar a la administración del Principado a los dos empleados de la Cámara Agraria

La consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, María Jesús Álvarez, ha reconocido este martes que ve "difícil", en la actual coyuntura económica, incorporar a la administración autonómica a los dos empleados indefinidos de la Cámara Agraria del Principado cuando se liquide la entidad en base al proyecto de ley de extinción que se está tramitando en la Junta General.
Dolores Carcedo y María Jesús Álvarez
Dolores Carcedo y María Jesús Álvarez
EUROPA PRESS
Dolores Carcedo y María Jesús Álvarez

La consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, María Jesús Álvarez, ha reconocido este martes que ve "difícil", en la actual coyuntura económica, incorporar a la administración autonómica a los dos empleados indefinidos de la Cámara Agraria del Principado cuando se liquide la entidad en base al proyecto de ley de extinción que se está tramitando en la Junta General.

Durante su comparecencia informativa sobre el texto legal, en la comisión del área, Álvarez ha asegurado que al Gobierno asturiano le afecta la compleja situación laboral y personal de los dos trabajadores de la Cámara, aunque sostiene que no se ha encontrado "argumento legal y encaje jurídico" para su incorporación como personal laboral a la administración del Principado "más allá de los sentimientos".

Así, a preguntas de los diputados, la consejera ha remarcado que lo urgente es tramitar una ley demandada por las organizaciones agrarias y políticas desde 2007, cuando hubo un compromiso unánime de la Junta General para instar al Principado a proceder a su disolución, aunque quede "algún fleco", como el relativo a los trabajadores que, dice, será analizado por la Comisión Liquidadora que - con cuatro representantes de la administración y tres de las organizaciones agrarias— deberá constituirse en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la ley y finalizará los trabajos en el plazo de seis meses.

"No hemos encontrado fórmula posible para su incorporación", ha indicado, recordando que dicha Comisión Liquidadora asumirá todas las competencias de gestión y liquidación de los derechos y obligaciones de la Cámara, tanto sobre el personal como sobre el patrimonio y la cuantificación de las deudas. "La liquidación del patrimonio será para las organizaciones profesionales agrarias más representativas en el territorio del Principado de Asturias, que deberá ser destinado a fines y servicios de interés agrario en la comunidad autónoma", ha añadido.

María Jesús Álvarez, que ha comparecido junto a la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, y el secretario general técnico de la Consejería de Agroganadería, Lorenzo Almanza, ha resaltado que la Cámara Agraria del Principado, creada en 1997, lleva tiempo sin realizar las funciones de colaboración, consulta y asesoramiento que desarrollaba con la administración autonómica.

"No desarrolla ninguna función y carece de financiación suficiente para su subsistencia", ha apuntado Álvarez, defendiendo la necesidad de "adecuar la realidad jurídica a la realidad, por lo que procede la extinción", dado que la ley estatal 18/2005 suprimió la obligatoriedad de la existencia de una cámara agraria en el territorio del Principado. No obstante, la consejera de Agroganadería ha reconocido que sería necesario disponer de un consejo consultivo o un órgano representativo similar que actúe como interlocutor del sector ante la administración.

Fijación de posiciones

En la fijación de posiciones, el diputado de IU Aurelio Martín se ha mostrado de acuerdo con las organizaciones agrarias, tanto en la urgente disolución de la Cámara como en la necesidad de evitar medidas traumáticas para sus dos trabajadores. De este modo, ha anunciado una enmienda que espera que el Gobierno no vete por la situación presupuestaria, pidiendo "sensibilidad" al Ejecutivo socialista.

Desde el PP, el diputado Luis Venta considera necesario abordar la extinción de la Cámara Agraria, lamentando el retraso por la "irresponsabilidad" de los distintos gobiernos autonómicos desde hace años. "El PP se ha comprometido con las organizaciones agrarias a facilitar la extinción", ha remarcado, incidiendo en que presentará enmiendas para que no se deje fuera del proyecto a los dos trabajadores de la entidad, al considerar que su incorporación a la administración es posible "si hay voluntad política".

Para el diputado de Foro Juan Ramón Campo, que haya acuerdo en la necesidad de la disolución de la Cámara Agraria no implica compartir la forma en que la plantea el Principado, criticando que no se mencione en el texto a los trabajadores y se deleguen todas las competencias a la Comisión Liquidadora. Así, ante la falta de concreción sobre la situación económica de la entidad, los criterios de reparto del patrimonio y el riesgo de que los trabajadores puedan quedar en la calle, también desde Foro presentarán enmiendas.

Finalmente, el diputado socialista Marcelino Marcos ha hecho hincapié en que el proyecto de ley da cumplimiento a las demandas de las organizaciones agrarias de extinguir una entidad sin funciones, así como a la petición de reparto del uso patrimonial entre las asociaciones más representativas y a la consideración de la situación laboral de los dos empleados de la Cámara Agraria del Principado.

"A este grupo le preocupa la situación de estos trabajadores como la de tantos otros", ha comentado, preguntándose si la petición de su incorporación a la administración, por parte de los demás partidos, se extiende también a todos trabajadores de empresas públicas y entes en situación de incertidumbre.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento