La ley de inclusión social de Galicia ha sido aprobada este martes en el Parlamento de Galicia con los votos a favor del PPdeG y el rechazo de la oposición (PSdeG, AGE y BNG), que ha criticado que la norma "llega tarde" y "no garantiza derechos" a las personas en riesgo de exclusión en la comunidad.

Una de las principales novedades del texto, que fue admitido a trámite el pasado junio en la Cámara autonómica, reside en que permitirá compatibilizar la Renta de Integración Social (Risga) con trabajos esporádicos o de poca cuantía.

En el pleno, los portavoces de la oposición han defendido enmiendas al proyecto, que para la socialista Carmen Gallego está "obsoleto", a juicio del diputado de Alternativa Juan Manuel Fajardo "va a generar más problemas" que los que podrá resolver y, en opinión de la nacionalista Carme Adán, sale adelante en "un contexto muy diferente" al de su elaboración, con 30.000 personas más en riesgo de pobreza "en un solo año".

Por su parte, la popular Marta Rodríguez Arias ha defendido la ley como "muy importante y muy necesaria", para actualizar otra norma que "tenía que adaptarse" después de 21 años en vigor. En cuanto a las propuestas de los otros grupos, ha afirmado que los populares las revisaron "hasta el último momento" pero, finalmente, no han aceptado ninguna de ellas.

Renta social

Tanto AGE como el Bloque planteaban la creación de una renta social para todas aquellas personas que residan en Galicia, algo que Fajardo ha calificado como "una herramienta para la libertad" y Adán ha inscrito en un modelo "alternativo que no trate la exclusión una vez se produjo, sino de forma preventiva".

Y es que, según ha censurado el parlamentario de AGE en su intervención, la cantidad consignada por la Risga (399 euros) equivale a "repartir la miseria", motivo por el que ha reclamado ampliar la cifra y permitir que sea una ayuda individual, en lugar de ligada a la unidad familiar.

Además, Fajardo ha pedido no "excluir" a los menores de 25 años ni a jubilados que no puedan acceder a las pensiones no contributivas y "reducir la burocracia" para que "no se tarde seis meses en recibir la prestación".

EXCEPCIONES

Frente a esto, Rodríguez Arias ha resaltado que la renta supone un 75% del Iprem (indicador público de la renta de efectos múltiples) y que a él se suman otros "complementos", y ha llamado la atención sobre las "siete excepciones" que contempla el proyecto —menores al cargo, bajo la tutela de la Xunta...— a la edad "general", marcada en 25 años "porque así lo acordó la mesa del diálogo social".

La portavoz del PP en el debate ha fijado en dos meses el plazo de resolución y notificación con la nueva ley, junto a la tramitación abreviada —de un mes— para víctimas de violencia de género, doméstica y de redes de trata de seres humanos, entre otros colectivos.

A mayores, ha agregado que "la elección del núcleo de convivencia viene dada por la necesidad de dar cobertura especial a los menores", pero también habrá "supuestos en que podrá concederse una renta individual", cuando exista "informe de los servicios sociales comunitarios".

"papel mojado"

Precisamente en "la eliminación" de los equipos de inclusión de las siete grandes ciudades y el "vaciado" de las competencias de los ayuntamientos ha centrado su discurso la diputada del PSdeG Carmen Gallego, quien ha solicitado con sus enmiendas "garantizar el traspaso de recursos" a la administración local. "Una ley que no garantiza derechos se convierte en papel mojado", ha subrayado.

En este sentido, en el turno de posicionamiento, Gallego ha establecido como "línea roja" de los socialistas el hecho de que, al mismo tiempo que se aprueba esta ley para la inclusión social, el Gobierno gallego desarrolle una política social "que evite la exclusión" en los ámbitos de la educación, la sanidad y los servicios sociales, mediante, entre otras cuestiones, la "eliminación" de "los copagos y los repagos" recientemente introducidos.

En esta línea, Juan Manuel Fajardo ha lamentado el "concepto ideológico" que, a su juicio, se incorpora en la norma, con el objetivo, en su opinión, de "criminalizar y estigmatizar" a los que demanden la Risga, pues con una asignación "por debajo del umbral de la pobreza" no podrán "salir del círculo de la miseria".

Igualmente, en un escenario de "catástrofe social", ha señalado que "no se puede entender" que la ley de inclusión social pretenda "dar cobertura al 1,5%" de las 650.000 personas "en riesgo de exclusión" en la Comunidad gallega, motivo por el que ha tildado de "criminales" las políticas del PP.

La portavoz popular, por último, ha señalado a las "contradicciones" de la oposición puesto que "van a aprobarse entre ustedes enmiendas que son totalmente contradictorias" y ha asegurado saber "perfectamente lo que está aconteciendo", porque el PPdeG ve "la realidad" y la conoce "igual o mejor" que el resto de los grupos con representación en el Pazo do Hórreo.