La ley de amnistía que el Gobierno de Tailandia quiere poner en marcha ha sumido al país, y sobre todo a Bangkok, en un clima de protestas multitudinarias que no solo pretenden impedir que la medida salga adelante, sino que buscan derrocar al Ejecutivo. En un Estado inmerso en una profunda crisis política desde 2006, el proyecto ha sido el detonante para que miles de ciudadanos se echen a la calle. Las manifestaciones en la capital han dado paso a la ocupación de diversas instalaciones gubernamentales y se han saldado con la muerte de al menos cinco personas. Estas son las claves de un conflicto que dura ya un mes.

Bhumibol Ayuldadej, de 85 años, es, desde 1946, el rey de un país que ha tenido cerca de 20 Constituciones en menos de 80 años y que desde 2006 atraviesa una profunda crisis política. Ese año, un golpe de Estado acababa con el mandato de Thaksin Shinawatra, hermano mayor de la actual primera ministra, y ninguno de los gobiernos que ha habido desde entonces ha logrado solucionar la situación. Thaksin había llegado al poder en 2001, desde una posición ventajosa como magnate de las telecomunicaciones.

Los conflictos se han ido sucediendo en estos seis años, siendo el de principios de 2010 uno de los más graves hasta el momento. Duros enfrentamientos entre quienes demandaban elecciones y quienes apoyaban a Abhisit Vejjajiva, entonces primer ministro y líder del Partido Demócrata, se saldaron con decenas de muertos y centenares de heridos y mantuvieron a la capital paralizada durante semanas.

La ley de amnistía promovida por el Gobierno ha sido la gota que en esta ocasión ha colmado la paciencia de miles de ciudadanos. La nueva normativa, aprobada por el Congreso pero rechazada por el Senado, prevé el perdón a decenas de condenados por crímenes políticos desde el 1 de enero de 2004 hasta agosto de este año. Esto incluye la represión llevada a cabo en 2010 por los camisas rojas, partidarios de Thaksin, que acabó con 92 muertos y 1.800 heridos en Bangkok. Sí quedan excluidos los condenados por delitos contra la monarquía.

El rechazo de la Cámara alta no supone el fin de esta iniciativa, ya que el Congreso tiene la posibilidad de entregarla directamente al rey para que la promulgue.

Los detractores de esta medida argumentan que pretende "blanquear" los abusos cometidos por el poder y que allana el regreso al país de Thaksin, exiliado en Dubai tras ser condenado a dos años de cárcel por corrupción en 2008.

Yingluck Shinawatra por su parte defiende que el proyecto es un llamamiento al perdón para favorecer la reconciliación nacional. Su hermano negaba a principios de noviembre a través de un comunicado que sea una ley hecha a su medida y acusaba a la oposición de "distorsionar" y "mentir".

Las protestas están lideradas por Suthep Thaugsuban, exviceprimer ministro y exparlamentario del opositor Partido Demócrata. A él se han sumado otras organizaciones, como el Ejército Dhamma, el Grupo Verde de Políticos, la Fuerza Popular Democrática para Derrocar el Thaksilismo y la Red de Estudiantes y Personas para la Reforma de Tailandia.

Thaugsuban ha expresado su intención no solo de que Yingluck Shinawatra y su equipo dimitan y el Parlamento se disuelva, sino de lograr lo que ha denominado el fin del "régimen de Thaksin". Ha asegurado que no busca el poder sino echar para siempre del poder al ex primer ministro y a sus partidarios. Decenas de miles de tailandeses le apoyan.

El 24 de noviembre una manifestación aunó a 150.000 de sus seguidores, según cifras del Ejército, mientras que la Policía contabilizó menos de 100.000 personas. Estos números distan del millón de manifestantes que resaltan los organizadores de la marcha.

Las movilizaciones, mayoritariamente en la capital, arrancaron de manera pacífica, si bien los detractores de la ley de amnistía fueron intensificando sus actuaciones, pasando de las manifestaciones a ocupar sedes del Gobierno. El fotógrafo alemán Nick Nostitz, que lleva dos décadas trabajando como periodista en el Sudeste Asiático, denunció además haber recibido varios puñetazos tras ser acusado de connivencias con los defensores del Ejecutivo, según informó el Club de Corresponsales Extranjeros de Tailandia.

La situación empeoró este sábado por la noche, cuando al menos cinco personas murieron y decenas resultaron heridas en los enfrentamientos entre simpatizantes y detractores de la primera ministra.

El conflicto comenzó el 31 de octubre y cobró fuerza el lunes 25 de noviembre, cuando unas 27.000 personas, según datos de la Policía Metropolitana, se dividieron en 13 grupos y marcharon por las calles de la capital hasta llegar a ocupar edificios públicos.

Cinco de esos grupos se dirigieron a cadenas de televisión para reclamar imparcialidad en los informativos, otro fue a la sede de la Policía y siete acudieron a diversas instalaciones gubernamentales y militares. Un millar de personas ocupó el Ministerio de Finanzas y una cifra similiar hizo lo mismo con el de Exteriores.

Tras pasar la noche en ellos, Exteriores fue desalojado el martes por la mañana, pero los líderes de la revuelta hicieron un llamamiento para ocupar más instituciones públicas y los manifestantes entraron en los ministerios de Agricultura, Turismo y Transporte y sitiaron el de Interior. Todos ellos se encuentran en la misma zona de la ciudad y los funcionarios los habían abandonado con antelación para evitar contratiempos.

Los opositores han levantado asimismo un campamento base en el Monumento a la Democracia.

Yingluck Shinawatra anunció que aplicaría la Ley de Seguridad Interna en Bangkok y varias provincias para restablecer el orden alterado por las multitudinarias manifestaciones antigubernamentales.

Esta ley, de 2008, permite el recorte de los derechos y las libertades civiles, según los supuestos establecidos en la Constitución. La primera ministra indicó que los cuerpos de seguridad harán cumplir la ley pero "sin emplear la fuerza" y que se respetarían los estándares internacionales. La medida se anunció para la capital, la provincia de Nonthaburi y partes de las de Samut Prakan y Pathum Thani.

Un juzgado de Bangkok emitió además una orden de detención contra Thaugsuban, en relación a la ocupación de oficinas públicas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha explicado a la comunidad internacional que las manifestaciones son ilegales. El canciller tailandés, Surapong Tohvichakchaikul, ha enviado cartas con esta aclaración a la ONU y a su Consejo de Seguridad, así como a los gobiernos de varios países, según informaron los medios locales.

El depuesto primer ministro y la actual jefa del Ejecutivo cuentan con un grupo de seguidores a los que se conoce como los camisas rojas y que están intentando llevar a cabo acciones que permitan contrarrestar el movimiento antigubernamental. Para ello se han concetrado en el estadio nacional Rajamangala, con capacidad para 49.000 personas.

Al menos 22 países, entre ellos España, han aconsejado a sus nacionales que extremen las precauciones en las zonas de las manifestaciones. Tailandia es un importante destino turístico, siendo el turismo uno de los pilares de su economía.

La portavoz del Departamento de Estado de EE UU, Jen Psaki, ha pedido calma a los manifestantes y ha señalado que "la ocupación de propiedades públicas o privadas no es medio aceptable para resolver las diferencias políticas".