La Comisión de Empleo del Congreso ha rechazado este martes, con el voto de PP y UPyD, la propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya de limitar el sueldo de los altos directivos públicos y privados para impedir que nadie pueda cobrar en un mes lo mismo que otro trabajador de la misma empresa gana en todo un año.

El diputado de ERC Joan Tardà ha defendido este techo salarial de relación 1:12 argumentando que contribuiría a conseguir "una mejor y más justa redistribución de las masas salariales", sería "catalizador de la responsabilidad social de la empresa para con los trabajadores" y "posibilitaría inversiones necesarias o urgentes para que las empresas sean competitivas".

"No pretendemos congelar el sueldo de los directivos ni que no puedan subir. Pretendemos que, antes de hacerlo, suban los de los trabajadores o que sea posible un debate interno en las empresas para valorar el significado social de estos desfases tan pronunciados", ha dicho, poniendo como ejemplo los casos del presidente de Telefónica, César Alierta, que gana "266 veces más" que el trabajador con menor sueldo de la empresa, o el de Florentino Pérez, que ingresa 157 veces más.

Unas diferencias que, además, se están agudizando con la crisis económica y con el "desguace del Estado del Bienestar". "Limitar esas diferencias salariales que la sociedad ha aceptado es fundamental económica y éticamente. Son sueldos inmorales que se sustentan en salarios de miseria de otros", ha insistido Tardà.

Aunque el diputado no confiaba en que su propuesta saliera adelante, sí ha defendido la importancia de "sentar precedente ante lo que tarde o temprano habrá que encararse" a la espera de "una correlación de fuerzas distintas" en el Parlamento. Además, ha valorado el referéndum celebrado en Suiza este fin de semana sobre este tema, aunque haya resultado en contra. "Suiza ha votado que no, pero ha votado", ha concluido.

Frente a estos argumentos, la 'popular' Paz Lago ha señalado que la intervención del Estado en las decisiones retributivas de las empresas privadas "sería contraria al principio de libertad de empresa" y supondría "un claro incumplimiento del mandato de los poderes públicos de defensa de la productividad", establecidos ambos en la Constitución.

Además, cree que una medida de este tenor "desincentivaría a los trabajadores mejor remunerados" y, adoptada en solitario por España, "sería un obstáculo para el establecimiento de nuevas empresas extranjeras" y podría incluso llevar a algunas que operan en España a deslocalizarse.

"No creemos que este instrumento sea el más eficiente para alcanzar el grado de redistribución salarial que se propone, y así lo han visto también en Suiza", ha concluido la diputada, apostillando por último que los ejemplos citados por Tardà tampoco son representativos de la generalidad de la economía española.

Por su parte, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ve la iniciativa "rígida" en la elección del sueldo más bajo, "arbitraria" en la decisión de que la relación sea de 1:12 y con posibilidad de derivar en "efectos indeseados" y en "incentivos perversos" como que se contrate menos a trabajadores con salarios bajos. Además, duda de que sea "legalmente aplicable" en España y recuerda que "no todos los salarios altos obedecen a privilegios, sino que algunos son por talento que también hay que atraer".

A favor de la iniciativa se ha expresado la socialista Patricia Hernández, quien ha preguntado al resto de parlamentarios si "no creen razonable que en este país nadie gane en una empresa más en un mes que otro en un año". "Entiendo que nadie me diría que esto es razonable y, siendo así, sería conveniente que trabajemos conjuntamente para implantar un nuevo abanico salarial", ha dicho.

Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural coincide en que hay que hacer frente a este "reto grave" de "desigual distribución de la renta" que, ahora, se suma también al "incremento brutal de la pobreza". "Sin duda esta propuesta tiene algunas dificultades de articulación legal, pero lo oportuno es fijarse en su objetivo", ha dicho, señalando que si el sector privado puede pedir ayuda al público cuando "vienen mal dadas" entonces las instituciones también están "legitimadas para intervenir".

Finalmente, Toni Picó, de CiU, coincide en que éste es un tema que hay que afrontar, pero cree que su importancia hace necesario "debatirlo con tranquilidad y de forma mucho más profunda". Además, ha expresado su "sana envidia" hacia Suiza, por "organizar una consulta ciudadana sobre un tema que afecta a todo el mundo".

El PP también ha rechazado hasta cuatro iniciativas de la oposición reclamando al Gobierno recuperar medidas de protección social para los parados o potenciar el empleo en algunos sectores a través de bonificaciones a la Seguridad Social. En los cuatro casos los 'populares' se han quedado solos en el rechazo a las propuestas, planteadas respectivamente por el PSOE, la Izquierda Plural y Unión, Progreso y Democracia.

Así, los socialistas pedían al Gobierno más apoyo para los trabajadores mayores de 50 años, con nuevos incentivos para el mantenimiento de sus puestos de trabajo a través de una Estrategia Global para el Empleo de los Trabajadores mayores de 55 años, así como recuperar las condiciones de protección por desempleo previas a los últimos cambios del Gobierno, aprobar una moratoria hasta 2015 en los despidos de este colectivo y crear incentivos para el mantenimiento del empleo y la contratación de mayores de 45 años.

También la Izquierda Plural reclamaba recuperar la tasa de cobertura dando marcha atrás en hasta cinco modificaciones en el acceso a prestaciones por desempleo, concretamente recuperar el subsidio especial para mayores de 45 años que agotan la prestación contributiva, hacer universal la Renta Activa de Inserción, devolver el subsidio a los 52 años, que su base de cotización vuelva a ser del 125% y ampliar de nuevo el porcentaje de paro que se cobra a partir del séptimo mes.

La propuesta de UPyD pasaba por permitir que las reducciones de paro derivadas de la compatibilización de la prestación con un contrato a tiempo parcial se hicieran en función de las horas no trabajadas, y no por días completos como sucede ahora, de tal manera que no se desincentive la búsqueda de empleo.

Por último, la Comisión ha rechazado también la propuesta de los socialistas de pedir al Gobierno bonificaciones o reducciones de cuotas en la Seguridad Social para autónomos o pymes dedicadas a profesiones artesanales y oficios tradicionales, así como desarrollar el sistema de cotización del Régimen especial de autónomos a tiempo parcial para beneficiar a este colectivo.