El GOB ha criticado este lunes el impacto que tendrá el proyecto de Canyamel, que "arrasará" 50 hectáreas en la zona, una extensión equivalente a pueblos como Ariany, y que duplicará la superficie urbanizada en esta zona.

El grupo ecologista ha lamentado este proyecto "puramente especulativo" en una zona de alto valor paisajístico y ambiental impulsada por diferentes grupos políticos en el Ayuntamiento y en el Govern, "con una tramitación llena de irregularidades".

Según han explicado, las ilegalidades de Cap Vermell han sido "amnistiadas" por el Ayuntamiento de Capdepera durante años, primero con el PP (2003-2007) y ahora con PSOE-UCAP. Además, han asegurado que ni el Govern del PP ni el del Pacte quisieron multar a la promotora y "dejaron caducar los expedientes que le afectaban, derivados del inicio de las obras al 2007 sin ningún tipo de licencia".

A esta situación, se suma ahora el hecho de que el arquitecto director de la obra cuando se cometieron "este cúmulo de ilegalidades" era Jaime Martínez, actual director general de Turismo del Govern. El GOB ha recordado que Martínez tuvo que renunciar a la dirección del proyecto por incompatibilidad con el cargo público que ocupó en junio de 2011.

No obstante, el Consell de Govern de 30 de marzo de 2012 lo declaró de Interés Autonómico a propuesta de la Conselleria de Turismo.

"Es evidente que Canyamel es solo el principio de una nueva embestida especulativa contra el territorio de la mano de grandes proyecto de promoción privada en zonas ambientalmente sensibles y con la complicidad de unos políticos que regulan a la carta de los intereses privados", ha dicho tras recordar los casos de ses Fontanelles, sa Ràpita, Muleta, Cala Blanca.

Esto, han dicho, junto con unos planeamientos urbanísticos con exceso de suelos urbanizables "dan lugar a las negociaciones más perversas a beneficio de unos pocos y a expensas del territorio y de la sociedad".