La Generalitat de Cataluña ha asignado viviendas protegidas a cinco de las seis familias que viven en el bloque ocupado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en el municipio gerundense de Salt que lo han solicitado. Estas familias dispondrán de pisos de alquiler, cuyas mensualidades serán inferiores a 50 euros, durante un período de dos años, prorrogable hasta cuatro.

En un comunicado, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha precisado que la otra familia que ha solicitado vivienda protegida está pendiente de asignación porque le falta presentar parte de la documentación que acredite que cumple los requisitos necesarios para acceder a un piso.

La portavoz de la PAH en Girona, Marta Afuera, ha explicado a 20minutos que se trata de alquileres sociales sino de la cesión de uso de viviendas, que incluye una cláusula gracias a la cual la Generalitat puede echarlos si lo estima conveniente.

Representantes de la Plataforma se reunirán esta tarde con responsables de la secretaría de Vivienda para conseguir la paralización del desahucio mientras se realojo a las familias, y para pedir que en las negociaciones con la Sareb para conseguir alquileres sociales en pisos de Girona y Salt se incluya el bloque.

Además, también quieren que los ocupantes del bloque sean realojados juntos. "No solo tienen necesidades de vivienda sino también vivenciales. No tienen ingresos y sobreviven gracias al sistema de cooperación que hemos montado en el bloque", señala Afuera. A modo de ejemplo, explica que en el bloque solo hay dos lavadoras que deben compartir y pasa lo mismo con otros electrodomésticos. Además, se ayudan con los deberes de los hijos y cuidan de los de otros cuando consiguen trabajar unas horas.

De hecho, el banco Mare Nostrum ya ha ofrecido otro bloque de pisos para alquiler social en Salt y la PAH pide reunirse con la Generalitat y la entidad bancaria para concretar los detalles de esta posibilidad. Está previsto que miembros de la PAH viajen el martes a Madrid para reunirse con representantes de la Sareb y del BMN.

El primer desalojo del bloque ocupado en Salt se aplazó el pasado 16 de octubre después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos solicitase al Gobierno información sobre la situación de dos de las familias alojadas en este edificio, donde actualmente viven 14 familias, un total de 36 personas de las que 17 son niños, de origen gambiano, marroquí y español.

Sin embargo, el 5 de noviembre, el Tribunal de Estrasburgo levantó las medidas cautelares que que paralizaron el desahucio y el Juzgado de Instrucción número 3 de Girona ha fijado el desalojo para el próximo miércoles aunque los ocupantes han asegurado que no se irán.

Esta previsto que decenas de personas vuelvan a pasar la noche en el bloque junto a sus ocupantes para evitar pacíficamente que sea desalojado y piden al Govern que presente un escrito en el juzgado pidiendo una prórroga para ganar tiempo y seguir negociando.

"Hay que aguantar como mínimo esta semana", ha señalado Afuera, quien ha explicado que en el Pleno del Parlamento que se celebrará el 4 y el 5 de diciembre, se votará una proposición de ERC —a la que se han adherido otros partidos— que incluye esta misma petición, así como que la Sareb ofrezca pisos de alquiler social en Salt y Girona.