Abren causas penales contra la RTVA y otras siete empresas de la Junta de Andalucía

  • El juez del 'caso Invercaria' ha accedido a la petición de la Fiscalía.
  • Abrirá una pieza por cada empresa o agencia pública.
  • Usaron las llamadas transferencias de financiación.
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El juez del caso Invercaria ha abierto diligencias separadas sobre la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y otras siete empresas o agencias públicas de la Junta de Andalucía andaluzas que usaron las llamadas transferencias de financiación para eludir, presuntamente, los controles de la Intervención.

El juez de instrucción 16 de Sevilla, que investiga las inversiones de la empresa de capital riesgo andaluza Invercaria, ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de abrir una pieza para cada una de las ocho empresas señaladas en sus informes por la Intervención General de la Junta.

Se trata de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP), la Agencia de Promoción Exterior (Extenda), la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa), la Empresa Pública de Deporte Andaluz (Epdasa), la Empresa de Gestión de Infraestructuras (GIASA), RTVA y Turismo Andaluz (Turasa).

El juez acuerda incoar diligencias para averiguar si las transferencias de financiación para "subvenciones excepcionales y encargos de ejecución" a esas empresas "han seguido la tramitación administrativa procedente, sometida a fiscalización previa con análisis diferenciado".

El objetivo del magistrado es determinar si se han podido cometer posibles delitos de prevaricación o malversación de caudales públicos.

Las nuevas diligencias se refieren a todas las empresas excepto IDEA, de cuya actuación el juez Juan Gutiérrez Casillas da cuenta a la juez Mercedes Alaya, que ya la investiga en el caso de los ERE fraudulentos.

Análisis

El titular del Juzgado de Instrucción número 16 quiere indagar si se ha hecho un "análisis diferenciado en cada empresa pública del expediente administrativo de transferencia de financiación para operaciones de encargo de ejecución, subvenciones excepcionales u otros" para "esclarecer en cada una de las diligencias previas que se incoen si existe un ilícito penal constitutivo de un delito de prevaricación y/o malversación de caudales públicos".

En un escrito presentado en el Juzgado la pasada semana, la Fiscalía Anticorrupción aludía a un informe de la Intervención General de la Junta, titulado Memoria de Control Financiero Permanente, referida a los trabajos realizados en el ejercicio 2006, que recoge que "la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, la Empresa Pública de Gestión  de programas culturales, Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, RTVA y Turasa, presentan defectos en la contabilización de las transferencias de financiación que afectan a resultados o en la clasificación de activo y pasivo".

La Fiscalía conecta este contenido con otro párrafo del informe, que señala que "del examen del tratamiento contable dado por las empresas públicas a las transferencias de financiación recibidas, se han puesto de manifiesto irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por algunas consejerías para el envío de fondos a aquellas".

"De forma indebida, el expediente administrativo de transferencia de financiación ha sido tramitado para financiar operaciones de encargos de ejecución, subvenciones excepcionales u otros que habrían requerido una tramitación administrativa propia y fiscalización previa", cita Anticorrupción sobre este documento de la Intervención General, que también anuncia "informes  definitivos sobre las empresas" en cuestión.

La Fiscalía atisba propiamente "la utilización de las transferencias de financiación para el abono final, por parte de las empresas y agencias públicas reseñadas, de subvenciones excepcionales y encargos de ejecución que no han sido objeto de fiscalización previa, siendo ésta exigible en ambos casos", toda vez que el uso de este procedimiento en el seno de la Agencia IDEA está siendo investigado por la juez Mercedes Alaya, que indaga la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos.

El Ministerio Público, ante la posibilidad de "un ilícito penal" de prevaricación o/y malversación de caudales públicos, pidió remitir a la jueza Alaya la documentación señalada por lo que respecta a su investigación y que, salvo en el caso de IDEA, ya indagado por la magistrada, fueran incoadas para cada una de las mencionadas empresas y agencias públicas "diligencias previas, requiriendo a la Intervención General de la Junta que remita los informes definitivos de cada una de las empresas de los ejercicios 2003 hasta el último elaborado".

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