El Plan de Pago a Proveedores del Gobierno de España ha supuesto una inyección de liquidez en Cantabria de casi 375 millones de euros en sus tres fases, según los datos aportados este viernes por el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz, quien ha destacado la importancia que ha supuesto este mecanismo extraordinario a la hora de garantizar la estabilidad laboral y viabilidad económica de numerosas empresas, pymes y autónomos de la región.

La tercera y última fase del plan de pago se está ejecutando en la actualidad y esta misma semana han dado comienzo los pagos de las 169 facturas pendientes de cobro presentadas por las entidades locales de Cantabria adheridas a la misma, que alcanzan un importe cercano a los 264.000 euros.

El delegado ha recordado que este plan ha hecho posible que tanto el Gobierno regional como numerosos ayuntamientos de Cantabria hayan podido afrontar el pago de facturas pendientes a proveedores, que acumulaban importantes retrasos de ejercicios anteriores al año 2011. Por extensión, el plan "ha garantizado la continuidad de numerosos puestos de trabajo en la región y de numerosas empresas", ha subrayado.

Ruiz ha señalado que el Ejecutivo cántabro se adhirió a la primera fase del plan para hacer frente a 326,6 millones de euros de deuda no contabilizada, "imposible de aplicar al presupuesto y por lo tanto, de abonar a los proveedores", en su mayoría del sector sanitario. En total, el Gobierno tenía pendiente el pago de 96.000 facturas, principalmente a pequeñas y medianas empresas, ha añadido.

El delegado del Gobierno ha destacado que gracias al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), puesto también en marcha por el Gobierno de España en el año 2012, el Ejecutivo cántabro no ha tenido necesidad de participar en la segunda y tercera fase del plan de pago a proveedores, ya que entre otras cosas el FLA "ha conseguido garantizar que Cantabria pueda pagar a sus proveedores sanitarios a 30 días desde que se contabiliza la factura".

Es decir, se ha conseguido una reducción de la demora media en el pago del 96%, ya que hasta entonces, las facturas podían esperar más de 800 días sin ser abonadas, según Ruiz.

Por otro lado, el delegado del Gobierno ha explicado que un total de 44 ayuntamientos se han adherido al Plan de Pago a Proveedores en sus tres fases, presentando cerca de 20.000 facturas por un importe que ha alcanzado los 50,8 millones de euros y que han sido abonados entre empresas y autónomos.

En su balance, el delegado ha insistido en que el Gobierno de España, a través del Plan de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico, "ha conseguido resolver el hasta el momento inadmisible aplazamiento en el pago" a los proveedores de las Administraciones Territoriales.

"Las consecuencias económicas, laborales e incluso de inseguridad que suponían para sectores proveedores de servicios públicos básicos, como el sanitario o los servicios sociales han quedado resueltas con estos mecanismos", ha dicho Ruiz, tras recordar la previsión del Gobierno de España para que a partir del año que viene no existan proveedores pendientes de pago en ninguna administración pública española.

Al respecto ha destacado la próxima entrada en vigor de la Ley de Gestión de la Deuda Comercial en el Sector Público, que ultima el Gobierno, y establece el pago a los proveedores a 30 días, así como medidas para las administraciones incumplidoras.