La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha defendido la actuación de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, promotora de las VPO en Sevilla Este, ante lo que lamenta que "cuando parecía que todo el proyecto de conclusión de las VPO estaba finalmente encauzado para su terminación definitiva, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria SA (Sareb) ha frenado cualquier solución, instando su judicialización".

Asimismo, la CEA ha dejado claro en una nota que la Confederación de Empresarios de Andalucía y la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa "son entidades jurídica, institucional y económicamente distintas, por lo que no cabe la confusión interesada que se viene produciendo", ante lo que el Comité Ejecutivo de la CEA ha acordado "reservarse las acciones legales oportunas en defensa de sus derechos contra las manifestaciones de la Sareb o contra quién corresponda".

El Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en su reunión ordinaria bimestral, celebrada el pasado jueves, ha asegurado que colaborará para que la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, promotora de las VPO en Sevilla Este, encuentre una "solución definitiva" a la conclusión de este proyecto de construcción de viviendas protegidas.

Según indica la CEA en una nota, la Confederación ha respaldado "unánimemente" al presidente de los empresarios andaluces, Santiago Herrero, que ha informado "de forma exhaustiva" de la situación en la que se encuentra la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, a raíz de las actuaciones anunciadas por la Sareb "a través de los medios de comunicación" y que "afectan al desarrollo de la promoción de viviendas" que puso en marcha la citada fundación.

Asimismo, el Comité Ejecutivo ha conocido las actuaciones que han sido desarrolladas por la fundación en los últimos años "y en las que ha sido constante la búsqueda de las soluciones más adecuadas, a pesar de las vicisitudes societarias y administrativas que han afectado notablemente a la ejecución de esa promoción".

La CEA lamenta que "cuando parecía que todo el proyecto estaba finalmente encauzado para su terminación definitiva, la Sareb ha frenado cualquier solución, instando su judicialización, y abriendo un interesado debate en los medios de comunicación".

Ante esta situación, la Confederación ofrece su colaboración a esta fundación "para que continúe, a pesar de las adversidades, en el desarrollo y culminación del proyecto de construcción de VPO Isbylia, en aras de atender adecuadamente a las familias adquirentes, así como a las distintas empresas proveedoras del proyecto, que están sufriendo el retraso de más de cuatro años en la culminación de esas obras; que, por otra parte, están prácticamente ultimadas".

Asimismo, la Confederación lamenta "profundamente" que "actuaciones de índole mercantil de entidades distintas a la Confederación se conviertan en herramienta para tratar de cuestionar el buen hacer que la CEA tiene acreditado en sus 35 años de historia, en los que siempre ha tenido como principal objeto la defensa y promoción de los intereses de las empresas andaluzas, en el ejercicio de sus funciones constitucionales y estatutarias".

Diferenciación de instituciones

La CEA, por otra parte, quiere dejar constancia de que la Confederación de Empresarios de Andalucía y la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa "son entidades jurídica, institucional y económicamente distintas, con órganos de gobierno y fines estatutarios totalmente diferenciados; por lo que no cabe la confusión interesada que se viene produciendo, alterando el buen nombre de la asociación empresarial".

En este contexto, la Confederación, con el acuerdo unánime adoptado por su Comité Ejecutivo, "se reserva las acciones legales oportunas en defensa de sus derechos contra las manifestaciones de la Sareb o contra quién corresponda".

Finalmente, la Confederación muestra su "total confianza y convencimiento de que el tiempo dará la razón a las acciones llevadas a cabo por la Fundación, que en el ejercicio de su acción social, sólo ha pretendido atender a la importante demanda social de vivienda que existía en Andalucía entre jóvenes empresarios y autónomos, aunque por mandato legal, finalmente esa iniciativa se extendió al conjunto de la ciudadanía".