El juez pide a la Policía que investigue los contratos de una de las empresas que efectuó pagos a la trama Gürtel

El juez instructor del caso Ibatur, centrado en un presunto desvío millonario a través de esta empresa pública durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007), ha solicitado a la Policía Nacional que indague los contratos menores suscritos con la mercantil Match Golf, investigada por los pagos presuntamente irregulares que recibió del Ejecutivo balear y por los abonos que a su vez realizó en favor de una de las principales sociedades bajo sospecha en la trama Gürtel.

El juez instructor del caso Ibatur, centrado en un presunto desvío millonario a través de esta empresa pública durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007), ha solicitado a la Policía Nacional que indague los contratos menores suscritos con la mercantil Match Golf, investigada por los pagos presuntamente irregulares que recibió del Ejecutivo balear y por los abonos que a su vez realizó en favor de una de las principales sociedades bajo sospecha en la trama Gürtel.

Mediante una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado se dirige al Grupo de Delincuencia Económica para que le remita un informe acerca de este tipo de contratos y de diversa documentación relacionada con Match Golf, dedicada a la organización de espectáculos deportivos y que en el último mandato de Matas resultó adjudicataria del conocido torneo de golf Mallorca Classic.

De hecho, una de las líneas de investigación de este procedimiento judicial apunta al presunto desvío de unos 17 millones de euros del Govern con motivo del patrocinio de este evento deportivo por parte del Ejecutivo, conclusión a la que llegaron los investigadores a tenor de las numerosas facturas halladas sin justificar en relación al torneo que anualmente se celebra en s'Era de Pula, en el núcleo mallorquín de Son Servera.

Sin embargo, Match Golf es sólo una de las numerosas empresas investigadas en esta causa, debido al continuo fraccionamiento de contratos que entre 2005 y 2007 efectuó el Instituto Balear de Turismo para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula de que se habrían visto favorecidas unas 70 mercantiles.

Es más, las investigaciones apuntan a que el Ibatur destinó durante hasta 22,3 millones de euros a empresas que, a su vez, hicieron pagos a la sociedad investigada en el caso Gürtel Easy Concept Comunicación. Y entre esas mercantiles se encuentra la propia Match Golf Consulting, de acuerdo a un informe de la Agencia Tributaria incluido en el voluminoso sumario del caso.

En concreto, fue en la sede de la empresa Over Marketing donde, en el marco de los registros llevados a cabo durante la primera operación policial del caso Ibatur (en verano de 2010), los investigadores hallaron documentación que relacionaría algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo de Matas con parte de los hechos investigados en el caso Gürtel.

Quien entonces fuese titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, se hizo cargo de las investigaciones tras la querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción. Así, las investigaciones se iniciaron con los registros llevados a cabo en el Pula Golf de Son Servera así como en Costa Nord, donde se ubica la Fundación Baleares Sostenible, empresa al frente de la cual en la última legislatura del PP se encontraba Pau Collado -quien fue imputado en el caso Gürtel por su gestión a través de la empresa Easy Concept-.

Las pesquisas apuntan al continuo fraccionamiento de contratos a lo largo de ese mandato, si bien las investigaciones se ampliaron posteriormente se ampliaron a la pasada legislatura, cuando Unió Mallorquina (UM) estaba al frente de la Conselleria de Turismo.

Juicio contra el exasesor jurídico del ibatur

Se da la circunstancia de que a principios del próximo año el exasesor jurídico y exsecretario del Ibatur Miquel Àngel Bonet será el primer imputado de esta causa que será juzgado. Tanto la Fiscalía como la abogacía de la Comunidad Autónoma solicitan para él cinco años y tres meses de cárcel por desviar presuntamente más de 95.000 euros a la cuenta corriente de sus familiares, entre cuyos titulares se encontraba una pariente nonagenaria, a quienes hizo pasar por proveedores de servicios que nunca se llevaron a cabo.

Junto a Bonet se sentarán en el banquillo de los acusados cuatro familiares que resultaron beneficiados de esta supuesta trama, quienes se enfrentan por su parte a un año y tres meses de prisión cada uno.

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