El Pleno del Congreso tiene previsto aprobar definitivamente el próximo jueves la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que incluye obligaciones de transparencia para todas las administraciones pero que, en el caso de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, no tendrán que hacerse efectivas hasta dos años después, al filo ya de 2016.

Ésta es una de las modificaciones que el PP ha introducido en la ley durante su tramitación en el Senado, que este jueves aprobó al texto y su remisión al Congreso para que sea aprobado definitivamente.

El proyecto inicial del Gobierno ya preveía una moratoria de un año desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado para la entrada en vigor del capítulo sobre Transparencia, un plazo que no se ha modificado durante la tramitación parlamentaria.

Así las cosas, una vez que la ley se apruebe el 28 de noviembre y sea publicada, tanto la Administración General del Estado como las entidades privadas a las que afecta, contarán un periodo de 12 meses de carencia para aplicársela.

Esto implica que a más tardar en diciembre de 2014 deberá ponerse en marcha el denominado Portal de la Transparencia, para el que se han presupuestado 1,4 millones de euros, y constituirse el Consejo de la Transparencia que velará por su cumplimiento.

Plazos máximos

Sin embargo, gracias a la enmienda que el PP ha introducido en el Senado y que el jueves ratificará el Congreso, las comunidades y los ayuntamientos tendrán un año 'extra' para cumplir con las obligaciones de transparencia. Concretamente, desde la publicación de la ley tendrán para hacerlo un plazo máximo de 24 meses, que vencerá al filo del 2016.

Fuentes del Gobierno han explicado este jueves que tanto el referido a la Administración General del Estado como el que afecta a comunidades y entes locales son plazos máximos y que la moratoria de dos años persigue dar tiempo a las autonomías que quieran impulsar sus propias leyes de transparencia.

Otro de los cambios que ha sufrido el proyecto a su paso por el Senado, también a propuesta del PP, implica la modificación de la Ley contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, de 2010, que afecta a casi todas las actividad que suponen movimientos de capitales y que realizan, por ejemplo, entidades financieras, aseguradores, gestores de fondos de pensiones, profesionales de la intermediación y casinos.

El objetivo de la reforma es reforzar la identificación de clientes y el seguimiento de las operaciones, según el riesgo que tengan de incurrir en los delitos contemplados en la ley. Se trata de ahondar "en los niveles de transparencia exigidos en las relaciones entre los sujetos obligados y sus clientes", introduciendo la obligación de tomar medidas de "diligencia debida", en distintos grados según el riesgo que tenga cada operación de colaborar al blanqueo.

Personas con responsabilidad pública

Entre los cambios que se exigirán figura la identificación de las personas con responsabilidad pública extranjeras (incluyendo a sus familiares y allegados) con las que mantengan relaciones comerciales, a las que deberán aplicar medidas de "seguimiento reforzado". Además, se harán cambios para que el Estado tenga más capacidad de maniobra ante "jurisdicciones de riesgo", es decir, aquéllas en las que no se aplican medidas contra el blanqueo de capitales.

Con todo esto, el Gobierno busca adaptar la normativa española a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), cuyos expertos internacionales revisarán la legislación española en el primer trimestre del año que viene.

Entre otras cosas tendrán que crearse mecanismos para detectar a las 'personas políticamente expuestas' (PEP, en sus siglas en inglés) que puedan incurrir en estos tipos penales. Según los 'populares', si España no asume estas propuestas del GAFI, arrastrará "las consiguientes consecuencias y desprestigio en el ámbito internacional".

En el Senado se ha introducido, asimismo, una nueva disposición adicional a la Ley de Transparencia para permitir la reutilización de la información de las encuestas realizadas con cargo fondos públicos. Toda esa documentación deberá ser depositada en el banco de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el incumplimiento de esta exigencia impedirá lograr nuevas subvenciones en el futuro.

Sin embargo, la propuesta incluye excepciones, como el caso de los datos de encuestas "determinantes o indispensables para la política estratégica interna" de una empresa o entidad. Tampoco estarán obligados a depositar toda esta información la SEPI, el INE y los organismos similares de las comunidades autónomas, así como quienes realizan las estadísticas oficiales anuales estatales y europeas, aunque el INE "impulsará" que se dé publicidad a los microdatos de esas encuestas.

Entidades que reciban al menos 5.000

Euros al año

Durante la tramitación en la Cámara Alta, el PP también aceptó enmiendas de PSOE, la Entesa, PNV y CiU. Los socialistas introdujeron la posibilidad de que los ciudadanos puedan utilizar las lenguas cooficiales al dirigirse a las administraciones (no será obligatorio sin embargo en la respuesta de las instituciones) y, junto a la Entesa, lograron que el Consejo de la Transparencia remita su informe anual también al Senado, no sólo al Congreso, y que pueda promover borradores con recomendaciones y directrices en esta materia.

En cuanto a la enmienda de CiU, el PP aceptó que las exigencias de dar publicidad activa a la información sea aplicable también a las entidades privadas que reciban dinero público, al menos, 5.000 euros anuales, y no 3.000 euros como se había acordado en el Congreso.

El PNV, por su parte, consiguió modificar el preámbulo de la ley con el objetivo de profundizar en la obligación de los poderes públicos de rendir cuentas a los ciudadanos y someterse al "escrutinio" de la sociedad.