Las ordenanzas del Ayuntamiento de Lleida que multan la prostitución en la calle no han servido para eliminarla y lo único que han hecho ha sido esconderla así como penalizar y criminalizar la pobreza, según el estudio 'Políticas criminalizadora de la prostitución en España' de las profesoras de Derecho Penal de la Universitat de Lleida (UdL) y de la Rovira i Virgili (URV), Carolina Villacampa y Núria Torres, respectivamente.

El estudio, publicado en la revista 'International Journal of Law, Crime and Justice', señala que la escasa efectividad de las políticas prohibicionistas se debe a que su objetivo principal es barrer a las trabajadoras sexuales de las calles y la vías públicas, según un comunicado de la UdL.

En declaraciones a Europa Press, Villacampa ha explicado que las ordenanzas han servido para trasladar la prostitución a pisos, para que prostitutas y clientes negocien "con más rapidez en la calle o a través de los balcones", y para que las prostitutas hayan dejado de pedir ayuda en determinadas circunstancias a la Guardia Urbana.

La tarea asistencial que tendría que hacerse con este colectivo, según recoge las ordenanzas, no se aplica casi nunca, y sólo una de las cinco prostitutas sancionadas, entre las 20 que han participado en el estudio, recibió llamadas de una asistente social del Ayuntamiento, ha señalado Villacampa.

Para llegar a estas conclusiones, las dos penalistas han presentado un estudio empírico a partir de una encuesta a 79 trabajadoras sexuales entre 22 y 53 años que ejercían en 2011 en Lleida, entre las que seleccionaron la veintena que ha participado activamente en la investigación.

El comunicado de la UdL remarca que las ordenanzas implementadas por el consistorio del socialista Àngel Ros se han vivido por las prostitutas como "puramente represivos" hacia el colectivo.

Los clientes, apuntan las penalistas, han recibido menos sanciones que las prostitutas, y las ordenanzas ni siquiera han influido en la actitud de los clientes.

Lo que sí ha cambiado es la actitud de la policía municipal hacia las trabajadoras del sexo y de ellas hacia los agentes, a los que ven como controladores y no como protectores, apuntan.

El estudio cifra en una veintena los ayuntamientos de España que tienen ordenanzas similares, y recalca que el único efecto que han tenido ha sido represor porque, han señalado, la disminución de clientes y precios hay que atribuirlo a la crisis.

Las trabajadoras encuestadas, según el trabajo de las dos penalistas, mostraban su disconformidad con la ordenanza no sólo porque les prohibiera ejercer en la calle sino porque no les ofrece una alternativa.

Villacampa y Torres proponen que, dada la escasa operatividad que tienen las actuales políticas prohibicionistas, se adopten políticas de carácter legal con las que, probablemente no se logre el objetivo de erradicar el trabajo sexual, pero al menos sí se dignificarán las condiciones de las personas "que prestan servicios remunerados de manera voluntaria en este ámbito".