A Elena le ha llegado una multa de 302 euros "por difundir a través de Twitter la convocatoria de una concentración para pedir la dimisión del Gobierno". A Juan Ángel le ha llegado otra por "dirigir la protesta de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca frente a una sede del PP". Otros 302 euros. A Alicia, 300 € más por "grabar dentro de una entidad bancaria". Y a Juan, 400 € "por filmar a policías deteniendo a un inmigrante en la vía pública".

Colectivos sociales denuncian que el Ministerio del Interior lleva tiempo desplegando una estrategia —a través de las subdelegaciones de Gobierno— para reprimir las protestas en las calles a base de sanciones administrativas que acarrean multas económicas. Estos colectivos están convencidos, además, de que los varapalos judiciales a la imposición de algunas de las sanciones ha motivado el endurecimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo borrador se conoció la semana pasada y está previsto que se apruebe en el Consejo de Ministros en breve.

El fenómeno de las multas a los que protestan se conoce en la calle como la 'eurorrepresión'. Los activistas sitúan el inicio de la campaña de sanciones administrativas en 2012. La estadística del Ministerio del Interior corrobora su versión. Las sanciones administrativas impuestas en concentraciones y manifestaciones aumentaron un 350% en 2012 con respecto al año anterior, escalando de 376 a 1.722, a pesar de que se produjeron menos concentraciones sin legalizar ese año (2.392, en 2012; 2.958, en 2011).

"A partir de 2011 prende en la ciudadanía una forma diferente de entender los derechos de las  personas, por lo que aumentan las concentraciones espontáneas y no comunicadas en las calles", explica un miembro de Legal Sol— la comisión que lleva los asuntos judiciales del Movimiento 15-M— "entonces el saldo represivo aumentó. Primero lo intentaron, como siempre, por lo penal. Pero todo lo que denunciaban acaba en faltas y, al final, la Policía empezó a sancionar imponiendo multas económicas, un proceso más conveniente para la Administración".

En los últimos dos años (de mayo de 2011 y julio de 2013), el total de la cuantía de las multas a participantes en protestas en Madrid asciende a 320.350 euros, según Legal Sol. Individualmente, cada sanción acarrea una multa de entre los 302 y los 1.500 euros. Básicamente son sanciones por "desobediencia" o "resistencia" a la autoridad, además de otras infracciones a la ley de seguridad ciudadana como "invadir la calzada" en una concentración o "provocar alteraciones del orden público". Las más gravosas se corresponden con la organización de protestas no comunicadas.

En wikipedia se puede leer que Interior ha multado a participantes de convocatorias multitudinarias como Rodea el Congreso, Toma la Bolsa, así como manifestantes contra los recortes en Toledo y obreros del metal en huelga en Cádiz.

El año pasado Madrid (con 516) se situó a la cabeza en sanciones a participantes en protestas ciudadanas —huelgas, manifestaciones, concentraciones o escraches—, seguida de la Comunidad Valenciana (487), Canarias (200) y Castilla La Mancha (134).

Con el 'boom' de multas, los movimientos sociales han organizado campañas y plataformas específicas para informar a los afectados sobre cuáles son las vías del recurso, un recorrido judicial en el que Madrid está teniendo éxito. Legal Sol atesora cuatro sentencias a su favor, con argumentos como la primacía del "derecho de reunión", "la presunción de inocencia de los sancionados" o "la vulneración del derecho de tutela judicial efectiva". Legal Sol espera la publicación de nuevas sentencias similares para fechas próximas.

Por este motivo, los colectivos sociales sospechan que el varapalo judicial a la estrategia de la 'eurorrepresión' ha motivado el endurecimiento del borrador de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, afianzando las acciones punibles. De lo que ha trascendido del borrador, los defensores de la lucha por los derechos civiles resaltan que la nueva norma da muchas más competencias a la Policía para proceder a las sanciones de forma más efectiva.

"Es un cambio legal que va a rebufo de los movimientos sociales. La ley de ahora es garantista con el derecho de reunión y manifestación. El Gobierno quiere ampliar las competencias de la Policía en sanciones específicas, como estableciendo lugares donde no se podrá protestar, perímetros de seguridad, regulando la toma de imágenes de los agentes... Hasta ahora todo eso no existía".

La Asociación Libre de Abogados considera que el salto cuantitativo de sanciones en las protestas y el anteproyecto de ley de seguridad "dejan claro que el Gobierno está tratando de sesgar los derechos de reunión y de manifestación". Numerosas asociaciones y la práctica totalidad de la oposición han criticado la nueva norma por restrictiva y cercenadora de derechos.

Los cuatro ciudadanos multados por sumarse a manifestaciones con los que ha hablado 20minutos (Elena, Juan Ángel, Alicia y Juan) ya han recurrido sus sanciones. Los cuatro coinciden en que las multas no les harán desistir de salir a protestar ni bajar sus cámaras de informantes, el caso de los dos últimos. "Su objetivo es callarnos y meternos miedo, pero yo me niego", resume Juan Ángel.