La Sala Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia tiene por ratificada la querella presentada por el ex jefe de Planeamiento del Consistorio, Joaquín Peñalver, imputado en la operación 'Umbra' de presunta corrupción urbanística en el municipio de Murcia, contra el juez David Castillejos y el fiscal Anticorrupción Juan Pablo Lozano.

De esta forma, se ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que, en el plazo de 20 días, informe sobre la admisión o no a trámite de la misma, sobre competencia y fondo del asunto y si los hechos descritos en el texto de la querella son susceptibles de delito.

Se designa ponente a Julián Pérez-Templado, quien con el magistrado Manuel Abadía Vicente y el presidente Juan Martínez Moya integran la Sala.

La querella, presentada José Muñoz Clares en representación de Peñalver, critica la "nula instrucción" a cargo del fiscal Anticorrupción y el juez instructor del caso y como ejemplo de ello plantea un paralelismo entre las imputaciones de hechos contenidas en esta querella y las que sostiene la fiscalía de Madrid en la causa contra el juez Elpidio José Silva. El motivo de este paralelismo es para "forzar" al TSJ de Murcia a que "entre a deliberar en este asunto".

Según la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, "la instrucción del atentado de Madrid del 11M de 2004, sus modos arbitrarios alejados en ocasiones de la más elemental legalidad, ajenos a la igualdad de partes y amparados básicamente en el secreto de las actuaciones mantenido contra toda racionalidad, se han reproducido en la instrucción de la operación Umbra".

Texto de la querella

Entre los motivos que justifican esta querella, critica que el secreto de sumario se haya prorrogado cinco años "al margen de toda racionalidad y contra los intereses del querellante".

Y es que, expone, "fueron voluntariamente ocultados a las partes para entorpecer aún más su defensa, como ocurrió, por otra parte, con determinadas fotografías incautadas junto con el ordenador de uno de los imputados, que fueron ocultadas para filtrarlas a la prensa en un momento, entre junio y julio de 2013, en que el caso Umbra se había ido desmontando y amenazaba ruina. Esa ocultación hubiera sido imposible si el secreto se hubiera alzado a su debido tiempo o, mejor, no se hubiera".

Entiende el letrado que todo ello obedece a "un plan trazado desde la opacidad del secreto con la finalidad de eliminar la defensa que pudiera provenir de los imputados, a los que hasta el momento de levantar el secreto se oculta documentación destinada a reforzar el peso de las imputaciones, documentación que de haber sido incorporada a tiempo habría sido conocida al levantarse parcialmente el secreto en diversas ocasiones".

Del mismo modo, el querellante entiende que "se han acreditado violaciones conscientes y sistemáticas de la práctica procesal legalmente establecida, tanto en lo relativo a la declaración de secreto como en lo referente a sus sucesivas prórrogas, así como la existencia de documentos que, al amparo del secreto, se mantenían como durmientes y han ido apareciendo misteriosamente una vez que el forzado alzamiento del secreto ha impedido a los querellados seguir actuando a su antojo en una instrucción dirigida conscientemente a producir la más radical indefensión de los imputados".

"La instrucción se ha apartado clamorosamente de las reglas de procedimiento en actitud sostenida y voluntarista dirigida directamente a impedir el ejercicio de la defensa por parte del querellante Peñalver", indica.

Interesa la parte querellante que "mientras dure la pendencia de este procedimiento se aparte cautelarmente a los querellados de la instrucción del caso Umbra, ello si no procediere un apartamiento más amplio de las tareas de servir en un Juzgado Instructor en su cualidad respectiva de magistrado-juez y de fiscal adscrito".