El Grupo de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía ha instado al consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta andaluza, Luciano Alonso, a informar sobre los criterios de composición, cronograma de actuación y metodología de trabajo de la comisión de expertos a la que la administración autonómica pretende consultar con vistas a desarrollar una alternativa a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que ya afronta su trámite de aprobación en el Senado.

En una pregunta al Consejo de Gobierno andaluz con ruego de respuesta escrita, a la que ha tenido acceso Europa Press, la parlamentaria por la federación de izquierdas Marina Segura recuerda el anuncio realizado por la administración autonómica de crear este grupo al objeto de estudiar las posibles consecuencias de la aplicación de la reforma educativa en la comunidad y las medidas a adoptar para minimizar lo que considera los efectos más negativos de la misma.

La anterior consejera del ramo, Mar Moreno, explicaba el pasado mes de junio que la comisión comenzaría a desarrollar su labor este otoño una vez se confirmara la aprobación de la Lomce, promovida por el Gobierno central. Sin que aún se conozca conclusión alguna al respecto, Segura cuestiona a la Junta por puntos tales como el número y área de trabajo de las comisiones, el criterio de selección de sus componentes, la composición numérica y nominal de estos órganos, los portavoces o coordinadores, el calendario de trabajo y la metodología de actuación utilizada.

La Junta mostró su intención inicial de seguir adelante con su "plan A", consistente en que la Lomce, "una ley que ha nacido sin consenso", no llegara a aprobarse, expresando al tiempo su "enorme preocupación" por el hecho de que su aplicación se prevea a partir del curso escolar 2014-2015.

Ante esta circunstancia, la comunidad autónoma intervendría para crear grupos de trabajo desde la aprobación de la norma y propugnar alternativas dentro del "estrechísimo" margen del que puedan disponer las comunidades autónomas en lo que supone la aprobación de una ley orgánica, para lo cual se contaría con no menos de 500 expertos que debatirían sobre aspectos relacionados con la ordenación docente, la coeducación, la evaluación o la atención a la diversidad.

La idea es que este grupo estudie los puntos en que la Junta pueda plantear "alternativas", entre los que ha citado los contenidos curriculares, los horarios de las asignaturas o la autonomía de los centros.