Una decena de juristas independientes, los que resultaron más votados en las elecciones "alternativas" al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebradas el pasado 23 de octubre para protestar contra la reforma de este órgano por ministro Alberto Ruiz-Gallardón, han remitido un comunicado a los grupos parlamentarios denunciando la politización de la justicia.

En este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, señalan que la Justicia española padece una "progresiva degradación que amenaza los fundamentos democráticos de nuestro Estado de Derecho".

"Alarmados ante la gravedad de la situación, nos dirigimos a su partido -han enviado una misiva a cada grupo- un grupo de jueces españoles para ponerle en conocimiento el proceso de Elecciones alternativas al Consejo General del Poder Judicial que, con mero carácter simbólico, se ha celebrado durante el pasado mes de octubre de este año 2013", indican.

Añaden que para garantizar la separación de poderes garantizar sería necesario que los 12 vocales de origen judicial que integren el CGPJ "sean elegidos por y entre los miembros del Poder Judicial" y que una sentencia del Tribunal Constitucional de 1986 ya advirtió del peligro de que el actual mecanismo de designación parlamentaria se convirtiese "en un auténtico reparto de vocalías por razones partitocráticas".

"Recientemente asistimos a la comprobación del riesgo pronosticado, pues los cincuenta y tres candidatos oficialistas avalados, según la reciente reforma legal, no han sido convocados al Parlamento para exponer sus proyectos, formación o trayectoria, de modo que sean elegidos por el Congreso y Senado según sus méritos, sino que el partido gobernante y la oposición parlamentaria están negociando a puerta cerrada los doce candidatos, y una vez elegidos, acudirán al Parlamento para obtener la mera convalidación de una decisión previamente pactada", añaden.

Igualmente dicen ver "con inquietud" las recientes iniciativas legislativas encaminadas a socavar la democracia interna del Poder Judicial, al prever la desaparición de los jueces decanos, escogidos hasta ahora en votación libre por los miembros de su respectivo partido judicial.

"De llegar a materializarse su reemplazo por presidentes de tribunales de instancia, arbitrariamente designados por el CGPJ y con facultades decisorias en la distribución y reparto de asuntos judiciales, se verían seriamente afectado el principio de "predeterminación legal del Juez" (Artículo 24 de la Constitución) y con ello el ejercicio de la función jurisdiccional bajo las debidas condiciones de libertad e independencia", afirman.

Finalmente, puntualizan que detrás de la organización de las elecciones alternativas no hay ninguna asociación judicial, "como tampoco clase alguna de grupo económico, político o periodístico". Se trata, según ellos, de un conjunto de jueces "espontáneamente comunicados entre sí a través del correo electrónico, asociados o no; y sin específica adscripción ideológica".

Firman el comunicado Jesús Manuel Villegas, juez de Istrucción número 3 de Guadalajara; Jaime Lozano Ibáñez, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia(TSJ) de Castilla La Mancha; Manuel Ruiz de Lara, juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Marchena (Sevilla)y Rosa Esperanza Sánchez Ruiz-Tello, de lo Penal de Logroño.

También suscriben el escrito María Teresa Puchol Soriano, del juzgado mixto número 2 de Almunia de Doña Godina (Zaragoza); Fernando Portillo Rodrigo, del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Melilla; Ernesto Manzano Moreno, del Juzado de lo Penal número 6 de Granada y Esther Fernández Arjonilla, magistrada de refuerzo del Mercantil número 1 de Pamplona (Navarra).

Se suman Tomás Sánchez Puente, del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Manacor e Inmaculada Iglesias Sánchez, magistrada de Instrucción número 35 de Madrid.