El pleno del Parlamento Europeo ha dado este miércoles luz verde a los cuatro reglamentos que forman la reforma de la Política Agraria Común (PAC) pactada por la Unión Europea y que en principio entrará en vigor en enero de 2014. Los retrasos en las negociaciones obligarán, sin embargo, a que la mayoría de sus disposiciones se aplacen hasta al menos 2015, incluido el llamado pago verde que condicionará un 30% de las ayudas directas al cumplimiento de determinados esfuerzos medioambientales.

Los Estados miembros también tienen que dar aún su apoyo formal antes de que concluya el año.

La Eurocámara, los Veintiocho y la Comisión Europea lograron pactar las grandes líneas de la reforma antes del parón veraniego, pero no fue hasta este septiembre cuando lograron zanjar los últimos flecos.

Según coinciden todas las partes, la nueva PAC permitirá una política agrícola "más verde", porque condicionará un 30 % de los apoyos directos a determinados esfuerzos medioambientales. Pero también asegurará un reparto más "justo" y "equilibrado" entre los agricultores, pese a que la convergencia que intentó imponer Bruselas para que todos los productores de la UE recibiesen el mismo nivel de ayuda de aquí a 2019, independientemente de su región o sector, ha quedado atenuada por la presión de Estados miembros como España.

La reforma introduce entre sus novedades la creación de una "lista negativa" con la que definir de manera más clara al "agricultor activo", con el objetivo de evitar que parte del gasto agrícola de la UE va a parar a manos de los llamados productores "de salón" que no desempeñan actividad agrícola alguna, como aeropuertos o campos de golf.

Entre los elementos del acuerdo figura también la extensión hasta 2017 del sistema de cuotas de producción de azúcar, tal y como decidieron los ministros, frente al 2018 al que aspiraba el Parlamento.

La Eurocámara tampoco ha conseguido defender el techo máximo de 300.000 euros al año por explotación que Bruselas propuso, ya que los líderes europeos establecieron que esta medida sería voluntaria para los países y se negaron a negociarla. A cambio, los gobiernos han aceptado una reducción o 'degresividad' del 5% para los subsidios que superen los 150.000 euros anuales.

El pacto agrícola que ha superado el voto europarlamentario, además, eleva del 75 al 85% la cofinanciación europea de los programas de desarrollo rural en las regiones ultraperiféricas y en las menos desarrolladas, es decir, las consideradas como 'convergencia', lo que beneficiará a Extremadura.