El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, José Luis Saz, ha firmado este miércoles el contrato de préstamo entre la Comunidad autónoma y el Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores, representado con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por importe de 9,94 millones de euros.

La operación reúne condiciones ventajosas tanto para facilitar la liquidez a los proveedores como para la administración autonómica, que accede al préstamo con un interés del 3,34 por ciento. El objetivo es "saldar cuanto antes los pagos pendientes" para, posteriormente, trabajar en el cumplimiento de la Ley de Morosidad, que dispone el pago a 30 días.

El Gobierno de Aragón comenzará a saldar a partir de este miércoles los pagos pendientes que han sido incluidos en el tercer mecanismo de plan de proveedores promovido por el Ministerio de Hacienda, para afrontar el abono de facturas pendientes y saldar así las obligaciones reconocidas hasta el pasado 31 de diciembre.

José Luis Saz ha subrayado que ésta es "una buena noticia para la economía aragonesa, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que van a recibir importes pendientes por parte de la Comunidad y se va aligerando la cantidad pendiente con los proveedores, que cada vez es menor".

Además, Saz ha destacado que "la operación que hemos firmado con el ICO se sustenta en condiciones financieras muy favorables, con un interés del 3,34 por ciento, significativamente más bajo que en otras operaciones, con una carencia de dos años y la devolución en diez".

El consejero ha explicado también que la cifra final del préstamo se ha visto reducida respecto a las previsiones iniciales, puesto que "el Gobierno de Aragón ha ido avanzando en el pago de facturas, durante los dos meses que ha durado el proceso desde la puesta en marcha del mecanismo de pago por parte del Ministerio, hasta su aprobación el pasado viernes en Consejo de Ministros y finalmente hoy, con la firma del préstamo entre el Gobierno de Aragón y el ICO".

De esta forma, la consejería de Hacienda y Administración Pública ha resuelto ya algunos de los pagos pendientes a través de áreas como Educación y afrontará, con estos 9,94 millones, facturas procedentes del Servicio Aragonés de Salud y de la consejería de Sanidad, Bienestar Social y Familia.

Nueve comunidades

Mediante este tercer mecanismo de pago a proveedores, que fue aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, el Ejecutivo central ha dispuesto un total de 5.300 millones de euros para el pago de servicios públicos básicos como sanidad o educación, de los que unos 3.600 millones corresponden a las nueve Comunidades autónomas adheridas, entre ellas Aragón con 9,94 millones, y el resto para entidades locales.

El Gobierno de Aragón se ha sumado también a la segunda fase de este tercer mecanismo del plan de pago a proveedores que, en esta ocasión, servirá para saldar las facturas pendientes hasta el 31 de mayo.

La consejería de Hacienda y Administración Pública ha puesto ya en marcha el proceso de comprobación y remisión de facturas para esa última fase del plan, que en este caso están referidas a contratos de obras, contratos en los sectores de agua, energía, transportes y servicios postales, contratos de arrendamientos sobre bienes inmuebles, subvenciones, encomiendas de gestión, concesiones administrativas, indemnizaciones por expropiaciones.

Agilizar pagos

Una vez resueltas las facturas pendientes, el Ejecutivo autonómico pretende "seguir agilizando el pago a los proveedores, trabajando en el cumplimiento de la Ley de Morosidad, que dispone el pago a 30 días", ha asegurado el consejero.

Aragón ya se adhirió a principios de 2012 a la primera fase del mecanismo de pago a proveedores, mediante el que se abonaron 425 millones para pagar más de 170.000 facturas pendientes de la legislatura anterior. Una desembolso que elevó de forma notoria el nivel de deuda contraída por la Administración de la Comunidad en el ejercicio de 2012.

El mecanismo de pago a proveedores fue promovido por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y regulado por el Real decreto Ley de Medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.