El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha informado este miércoles en el Parlamento de que a finales de diciembre, el Consejo de Gobierno aprobará el decreto que establecerá la nueva estructura y organización de las Oficinas Judicial y Fiscal que se implantará en la administración de justicia en Andalucía durante el próximo año.

Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, De Llera ha señalado que una vez aprobada esta norma se comenzará la tramitación de las órdenes de implantación de este nuevo modelo de oficina judicial y fiscal, que empezará a desarrollarse como primera experiencia en los juzgados de El Ejido (Almería) y Vélez Málaga (Málaga).

Según el consejero, el nuevo modelo organizativo romperá con la configuración clásica de los juzgados —juez, secretario judicial y personal de cada órgano— e impulsará una organización de medios personales y materiales más eficiente y racional. Además, reduce los tiempos de respuesta judicial y hace posible la distribución del trabajo en equipos, la normalización de tareas y la especialización del personal.

A su juicio, la nueva estructura permitirá que "jueces y magistrados se descarguen de competencias no vinculadas estrictamente a las funciones que constitucionalmente tienen atribuidas para dedicarse, exclusivamente, a juzgar y a hacer ejecutar lo juzgado". De Llera ha señalado que la implantación de la nueva Oficina Judicial y Fiscal supondrá "un cambio radical en la cultura del trabajo de la Administración de Justicia y un importante impulso para su modernización".

El titular de Justicia e Interior ha destacado que, para alcanzar el máximo consenso y la máxima eficiencia, su departamento va a crear grupos de trabajo con jueces, fiscales, abogados, procuradores, funcionarios y secretarios judiciales de los partidos judiciales en los que va a comenzar la implantación.

Según el consejero, para poner en marcha la nueva Oficina Judicial y Fiscal también es necesaria la adaptación de las sedes judiciales al funcionamiento de la nueva estructura, el diseño e instalación de los sistemas informáticos necesarios y la elaboración de los protocolos de actuación de los secretarios judiciales correspondientes. La aprobación definitiva del diseño de las oficinas judicial y fiscal irán acompañadas de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo que necesitan y, a su vez, la previa negociación con las organizaciones sindicales presentes en la mesa sectorial.

Ha afirmado que la implantación de la nueva estructura requiere, de forma paralela, la apuesta constante por las nuevas tecnologías, la racionalización de los recursos y un esfuerzo de permanente coordinación.

Según ha expuesto, la nueva Oficina Judicial nace como una organización de carácter instrumental al servicio de la actividad jurisdiccional de jueces y magistrados que integra en su estructura las unidades procesales de apoyo directo y los servicios comunes procesales. Ajustándose en su funcionamiento a los criterios de agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo, coordinación y cooperación entre las administraciones, la nueva Oficina Judicial y Fiscal tendrá como principal objetivo "que los ciudadanos obtengan un servicio de proximidad y calidad", ha destacado el consejero.

Ha explicado que el gran número de partidos judiciales existentes en Andalucía así como la diversidad en las características de los mismos aconsejan establecer un modelo flexible que posibilite una implantación adaptada a las peculiaridades concretas de cada partido judicial. Para lograr este objetivo, la Consejería de Justicia e Interior profundizará en un nuevo modelo de organización de los recursos humanos, en la apuesta por las nuevas tecnologías y la renovación de los sistemas informáticos y la adaptación de los edificios judiciales a la nueva organización.

De Llera ha mostrado además su preocupación por la opinión negativa que tienen los ciudadanos sobre la justicia, lo que debe llevar a acometer reformas, como la implantación de un nuevo modelo de organización que racionalice las infraestructuras de personal, materiales y tecnológicas en las oficinas de la administración de justicia.

Ha agradecido el esfuerzo de todos los colectivos judiciales que han colaborado con la Consejería para poner en marcha este proyecto.

PP-A

Critica el retraso de años

Por su parte, la parlamentaria del PP-A Rosalía Espinosa ha manifestado que la historia de la oficina judicial en Andalucía es la "historia del descrédito político del PSOE-A y de todos sus gobiernos" y ha reconocido que la única persona que está apostando de verdad por ese proyecto es el actual consejero.

Ha señalado que el grupo popular considera algo muy positivo que por fin ese decreto se vaya a aprobar a finales de año de año, y ha trasladado al consejero la disposición de su partido de colaborar en todo aquello que suponga mejorar las condiciones de la justicia. Ha pedido información a De Llera sobre los plazos para la implantación de la oficina judicial en los distintos partidos judiciales y acerca del presupuesto.

La diputada del PSOE-A Rocío Arrabal ha señalado que la nueva oficina judicial supone la racionalización de recursos y reducción de gasto público, así como la mejora del servicio, lo que puede contribuir a que se recobre confianza por parte de los ciudadanos en el sistema judicial. Ha indicado que son unos momentos en los que el PP "pone en juego" la imparcialidad de los jueces, como se ha visto con la composición del CGPJ y con el nombramiento del nuevo presidente del TC, que militó en las filas de ese partido.

La diputada de IULV-CA Alba Doblas ha manifestado que hubiera sido de agradecer que la consejería hubiese "contado" para impulsar este proyecto no solo con los operadores jurídicos, sino también con los socios de gobierno del PSOE-A y con los funcionarios y las centrales sindicales. Ha indicado que la implantación de una nueva oficina judicial debería haber sido fruto de un amplio consenso entre todos los colectivos de la administración de justicia.

Además, Doblas ha mostrado su preocupación por que Andalucía, con un Gobierno que apuesta por la racionalización de recursos, pueda estar haciendo un esfuerzo "innecesario" o "malgastando", dado que el Ejecutivo nacional tiene preparado un cúmulo de reformas legislativas que podrían "tirar a la basura" los avances que se están dando en la comunidad.

En su turno de réplica, el consejero ha querido dejar claro que ha sido un proyecto muy dialogado y consensuado con todos los colectivos judiciales, apuntando que lo importante es que se eche a andar cuanto antes, con independencia de las medidas que prepare el Gobierno del PP.

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