El senador de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha advertido de que, con el nuevo reparto de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), los agricultores y ganaderos de la cornisa Cantábrica, "serán los europeos peor tratados". Así lo ha expresado en la sesión de control al Gobierno celebrada este martes en el Senado.

Oblanca ha reprochado al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que se haya "felicitado de los acuerdos y logros alcanzados". Su visión, ha asegurado, contrasta con las "muy malas noticias" que esta reforma europea trae para las Comunidades Autónomas cantábricas, "singularmente para Asturias", donde los sectores tradicionales, ha lamentado, "vuelven a ser relegados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga)".

"El Gobierno de Rajoy ha negociado un nuevo reparto de ayudas del Feaga con criterios excluyentes que condenan a nuestros agricultores y ganaderos a recibir 64 millones de euros, mucho menos de los 74 millones que les corresponderían con principios de equidad", ha denunciado el senador de Foro. "No puede escudarse de esta marginación en la política europea, porque la mayor parte de las decisiones le corresponden al gobierno de España", ha criticado.

Para Oblanca, "se desdeña a nuestros agricultores y ganaderos" y se ha desperdiciado una gran oportunidad para revisar en profundidad las ayudas directas a las explotaciones de la cornisa cantábrica, "históricamente discriminadas por su estructura productiva y por las características geográficas que hacen imposible la diversificación hacia otro tipo de producciones".

A postergar la agroganadería asturiana ha contribuido, a juicio de Oblanca, la "flojera" del Gobierno autonómico y su desinterés en defender el sector, "suscribiendo un acuerdo previo que ha causado estupor e indignación entre nuestros ganaderos y que le sirve al Ministerio de pretexto para sostener que Asturias sale tan bien parada como el resto de las Comunidades Autónomas, lo cual es falso".

En esta línea, Oblanca ha reprochado al Ejecutivo nacional que "nuevamente rompa el mandato constitucional de equilibrio y solidaridad entre territorios" y promueva un acuerdo de la PAC que, "lejos de proporcionar competitividad y eficiencia a nuestras explotaciones", las coloca en situación de debilidad.