La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en Andalucía (COAG-A) ha considerado este martes que la caída de la inversión en los Presupuestos de la Junta para 2014 "amenaza" los logros del sector agrario.

En comisión parlamentaria, COAG-A ha señalado que, desde una perspectiva macroeconómica, es positivo que se reduzcan los gastos financieros, pero "las restricciones al endeudamiento impiden las inversiones en el momento en que más falta hacen".

De hecho, en este capítulo se ha producido un descenso del 6,6 por ciento, pasándose de una ficha dotada con 490.444.026 euros a 457.997.639 euros. Desde 2010, el descenso acumulado en inversiones es de más del 37,5 por ciento.

"El ajuste presupuestario se hace en poco tiempo y esto asfixia la capacidad inversora", ha subrayado COAG, que apunta que, en un contexto como el actual, de restricción crediticia, el apoyo público es "fundamental" para la recuperación económica, y en el caso de Andalucía esa recuperación pasa necesariamente por reconocer el carácter estratégico del sector agrario, que ha demostrado su capacidad para resistir a la crisis, para generar empleo y para multiplicar cada euro que se le dedica.

La organización agraria ha destacado que la agricultura y la ganadería andaluzas ofrecen "muchas muestras de que el dinero que se les dedica no hay que concebirlo como gasto, sino como inversión". Así ocurre por ejemplo en materias como la sanidad animal.

Por eso, dice no entender que se reduzcan partidas como la destinada a las ADSG andaluzas, que pasan de 4,2 a 3,5 millones de euros. Para esta organización, la sanidad animal debe ser una prioridad en la estrategia andaluza de construir unos sectores ganaderos competitivos y adaptados a las exigencias actuales de los mercados.

Andalucía, por su situación geográfica, tiene una "enorme importancia" en la estrategia europea en materia de sanidad animal y por ello debe existir una apuesta, por parte de las administraciones autonómicas, estatales e incluso comunitarias, para dotar a los sectores ganaderos de las herramientas adecuadas para hacer frente "a las amenazas que, procedentes de países terceros, ponen en peligro al conjunto de la actividad en la Unión Europea (UE)".

En este sentido, COAG-A señala que esta apuesta no la ve reflejada en unos presupuestos que, año a año, disminuyen los apoyos a las actuaciones de los ganaderos en la mejora del status sanitario de sus explotaciones.

Algo similar, a su juicio, ocurre con los seguros agrarios, la única herramienta con la que cuentan los productores para hacer frente a las adversidades climáticas. Para COAG-A, no se entiende que esta partida no incorpore una aportación autonómica al coste del seguro, a pesar de que el compromiso era recuperarla en cuanto fuese posible.

Esta situación contrasta con lo ocurrido en otras Comunidades Autónomas, donde sí se han incluido pequeñas partidas que recogen dicha subvención. Para COAG, "no se puede justificar todo el trabajo y las inversiones realizadas si ahora se abandona, convirtiéndolo al final en un nicho de negocio para las entidades privadas y financieras".

En positivo, cabe destacar el incremento en las partidas destinadas a modernización de regadíos, a incorporación de jóvenes a la actividad agraria y a modernización de explotaciones.

Sin embargo, el aumento de la ficha presupuestaria destinada a estas partidas no oculta la "nefasta" gestión de estas medidas en el marco de programación 2007-2013. Así, en modernización de regadíos y mejora de las infraestructuras rurales, a 20 de octubre de 2013 se habían ejecutado pagos por valor de 86,7 millones de euros, cuando en el PDR hay previsto un gasto total en el período de 506,9 millones de euros.

Estos datos son "alarmantes" cuando se habla de una actividad agrícola y ganadera que se extiende en una superficie de casi cinco millones de hectáreas, supone el 55 por ciento de la superficie total de la Comunidad y es la base de la economía de más de 750 municipios, y más aún cuando se compara esta situación con los que ocurre en otras comunidades. Así, sólo en materia de regadío, en Castilla y León (con el 12,9% de la superficie de regadío estatal, frente al 31,2% que representa Andalucía) había ejecutado en diciembre de 2012 pagos en inversiones por este mismo valor (87,1 millones de euros).

En lo relativo a la incorporación de jóvenes agricultores, COAG-A ha recordado que tan sólo el 6,4 por ciento de las explotaciones agrarias andaluzas está en manos de menores de 35 años y que la gestión de esta línea de ayudas ha impedido el relevo generacional en Andalucía.

En el período de programación 2007-2013, el presupuesto destinado a esta medida de apoyo se ha reducido en un 67,8 por ciento. La Junta de Andalucía aporta apenas el cinco por ciento del total de estas ayudas, por lo que esta situación es "aún más incomprensible".

De hecho, esta reducción ha impedido que, por primera vez en la historia, 60 de los 261 jóvenes que tenían resolución favorable en 2011 recibieran ayuda, por falta de fondos. Tampoco hay que olvidar que el número de solicitudes en 2012 experimentó un crecimiento espectacular en aquellas comunidades autónomas que tuvieron convocatoria anual, pero Andalucía no abrió ventanilla. En conjunto, en el marco actual (2007-2013) sólo han recibido ayudas 470 jóvenes en Andalucía.

En cuanto a la modernización de explotaciones, COAG-A observa la misma situación que en la instalación de jóvenes, pues en Andalucía sólo se ha apoyado a 930 agricultores, frente a los 3.000 que han recibido ayuda en Castilla y León o los 4.472 de Aragón a diciembre de 2012. La falta de presupuesto ha impedido, como ha ocurrido con la instalación de jóvenes, que en la convocatoria 2011 cobraran ayuda 1.300 agricultores de los 1.700 que cumplían los requisitos para ser beneficiarios.

COAG-A insiste en el carácter estratégico de la actividad agraria, ya que los agricultores y ganaderos producen alimentos para la población, contribuyendo así a garantizar el abastecimiento, al tiempo que hacen posible la distribución de la población en el territorio, manteniendo el paisaje, la cultura y muchos otros bienes públicos. Por todas estas razones, es fundamental garantizar el mantenimiento de la actividad agraria en torno a un modelo de agricultura social que pivota sobre el profesional agrario.