La Unión de Consumidores de Andalucía (UCE-A) ha considerado "insuficientes" e "incoherentes" los Presupuestos de la Junta en materia de consumo, aunque ha valorado la relevancia que se les da a las políticas sociales relacionadas con la sanidad, la educación o la dependencia.

Sin embargo, su presidente, Juan Moreno, ha señalado que UCE-A ha echado de menos una planificación económica estructural de futuro, a mucho más largo plazo, que debiera plantearse a partir de la identificación de los nuevos y reales patrones de crecimiento de la economía andaluza.

Además, la Unión de Consumidores de Andalucía observa con preocupación que los recursos presupuestarios destinados a garantizar los derechos de las personas consumidoras y usuarias andaluzas son "sustancialmente recortados", algo que pone en duda la verdadera consideración como "sociales" de las políticas que habrán de utilizar "tan exiguos recursos" y que evidencian que el I Pacto por la Garantía de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, suscrito por la Junta de Andalucía con las federaciones de consumidores y usuarios más representativas de nuestra Comunidad Autónoma, se ha quedado en "una mera declaración de buenas intenciones sin compromisos reales ni voluntades de avance significativos".

Para UCE-A, el "incumplimiento de dicho Pacto y el nulo avance en las mencionadas políticas concertadas son a todas luces evidentes". De igual manera, ha considerado que la Consejería que dirige las competencias de consumo se aferra a unas políticas de subvenciones en concurrencia competitiva, "claramente injustas y obsoletas en sus planeamientos, que son de muy conflictiva aplicación en la práctica pues promueven la arbitrariedad frente a la fórmula de concertación" que defienden.

También ha expuesto la necesidad de un mayor impulso de la concertación como instrumento para reforzar el papel de la sociedad civil en el desarrollo de las políticas de consumo, la participación y el fomento del asociacionismo, la promoción del Sistema Arbitral de Consumo y la mediación de consumo, la suficiente dotación presupuestaria para apoyar las políticas de consumo en el ámbito de la Administración Local, la calidad, el control de mercado y la inspección, así como la formación e información de las personas consumidoras en nuestra Comunidad Autónoma.