El Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba ha pedido explicaciones este martes al gobierno del PP en la institución provincial por "su negativa a acogerse al pago a proveedores puesto en marcha por la Junta de Andalucía".

Según ha informado el PSOE, así se recogerá en la proposición que será presentada en el Pleno de la Diputación del próximo jueves y que tiene como objetivo hacer llegar la desaprobación a la Presidencia de la institución provincial ante su "negativa a presentar la solicitud como proveedor de la Administración autonómica", según ha explicado la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Isabel Niñoles.

La moción recoge también la necesidad de solicitar a la institución provincial "una mayor diligencia para en el cumplimiento de los acuerdos firmados con los municipios en cuanto a asuntos tan vitales como éste, que supone la liquidación de una deuda".

Para Niñoles, la Diputación de Córdoba "ha obrado de forma irresponsable, ya que esta deuda afecta a los 68 ayuntamientos que representan a las empresas que efectúan la ayuda a domicilio, lo que puede provocar una merma en el servicio que atiende a más de 3.000 personas en situación de dependencia".

El Grupo Socialista va a presentar otra moción en el Pleno del próximo jueves en la que pide la desestimación de la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial e instar a que se elabore una nueva propuesta de reforma. Esta nueva reforma, a juicio del PSOE, "debería mantener la demarcación y planta vinculada a los territorios con partidos judiciales como estructura territorial de los tribunales de instancia, manteniendo de esta forma los partidos judiciales y suprimiendo que su ámbito judicial sea provincial".

Mociones de iu

Por su parte, el portavoz de IU en la Diputación, Francisco Martínez, ha mostrado la "oposición y rechazo" de su grupo "a la privatización que el PP quiere llevar a cabo con Epremasa", la empresa pública dependiente de la Diputación encargada de la recogida de residuos en la provincia, pues, "una vez más, el PP demuestra que hace lo contrario a lo que reivindicaba cuando estaba en la oposición y desde IU pedimos que no se privatice y que, por el contrario, se apueste desde la Diputación por lo público y por recuperar servicios que con anterioridad han sido privatizados".

Martínez ha señalado en un comunicado que "IU siempre ha sido y seguirá siendo un fiel defensor de lo público, pues entendemos que la eliminación de toda prestación directa supone la desaparición de la única manera de conservar derechos y salarios dignos, establecer la rentabilidad económica por encima de la calidad del servicio prestado y, en este caso, queda desvirtuado, además, el objeto social recogido en sus estatutos".

Por todo ello, desde IU se instará al gobierno del PP en el próximo Pleno, a través de una moción, a "trasladar a la dirección de Epremasa la propuesta de reconsiderar esta medida y que paralice de forma inmediata cualquier intento de privatización o externalización de servicios que hoy presta la empresa de forma directa", de lo cual, según IU, ya se ha informado por el gobierno del PP al comité de empresa de Epremasa.

IU también llevará al Pleno otra proposición, con motivo del 1 de diciembre, 'Día mundial de lucha contra el VIH/SIDA', para solicitar al gobierno del PP, entre otras acciones, "el desarrollo de una campaña informativa de prevención de VIH en el ámbito provincial que fomente el uso del preservativo y conciencie a la población sobre la necesidad de hacerse la prueba de detección". Asimismo, IU pedirá que se "apoye y colabore con las entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios a personas que viven con VIH en la provincia, con el fin de suplir las carencias derivadas del drástico recorte de financiación al Plan Multisectorial sobre SIDA".

Mociones de baquerín

Por su parte, el diputado provincial de Unión Cordobesa (UCOR) Carlos Baquerín defenderá en el próximo Pleno de la Diputación una proposición con la que pretende que se inste al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a que adopte medidas legislativas contra la corrupción política.

Le demanda en dicha moción que, "en base a la necesaria protección del orden democrático y la paz social, promueva con carácter urgente la reforma de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley Electoral, de modo que se impida el ejercicio de cargo público o la concurrencia en listas electorales a cualquier persona procesada o condenada por un delito de corrupción vinculado a la Administración pública, en especial a la Administración local".

Además, Baquerín busca que la institución provincial considere, "desde un punto de vista ético y político, y moralmente exigible, que cualquier diputado provincial de la Diputación de Córdoba que resulte procesado o condenado por un caso de corrupción política vinculado con la Administración pública, renuncie a su acta de diputado, en beneficio de la misma institución provincial y de la legitimidad democrática y representativa".