El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dicho este martes que no hay negociaciones para llegar a un pacto con Iñaki Urdangarin para evitar ir a juicio por el caso Nóos y pactar una pena inferior a los dos años de prisión, como informaba el diario El Mundo, y que tampoco existe un trato de favor por parte de la Fiscalía en este procedimiento hacia su esposa, la infanta Cristina.

Eduardo Torres-Dulce ha realizado estas manifestaciones a preguntas de los periodistas a su llegada al Congreso de los Diputados, donde este martes comparece, y ha asegurado que la Fiscalía no contempla ningún pacto con parte alguna de dicho caso, seguido para investigar un supuesto desvío de fondos públicos del Instituto Nóos, que presidió Urdangarin.

"Ni la Fiscalía General del Estado ni la Fiscalía Anticorrupción han contemplado ni contemplan ningún pacto con ninguna de las partes en el denominado caso Nóos y por tanto no hay abierta ni va a haber ninguna negociación a este respecto", ha asegurado Torres-Dulce.

Ha añadido que "la posibilidad de llegar a acuerdos de conformidad está prevista en las leyes para todas las partes con respecto a los trámites y respecto a las penas, pero ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Fiscalía General del Estado contemplan en modo alguno ni para Urdangarin ni para ninguna de las personas implicadas en este caso ningún aspecto de conformidad".

Por su parte el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, también ha negado que haya negociaciones entre su defendido y la Fiscalía. "Yo veo al fiscal igual de implacable que siempre", ha dicho Mario Pascual Vives, y ha negado que intente acordar una pena de menos de dos años para eludir la cárcel. Sin embargo, al preguntársele si hay alguna posibilidad de que el marido de la Infanta entre en la cárcel, Mario Pascual Vives ha respondido: "Nunca".

El juez José Castro, por otro lado, ha apremiado a la Agencia Tributaria y a la Policía para que le remitan los informes sobre el entramado empresarial del instituto Nóos que tiene pendientes porque "su tardanza genera gran retraso en la instrucción". El instructor ha remitido a las partes una providencia en la que, entre otras cosas, urge al Delegado Especial de la Administración Tributaria de Cataluña para que acelere al máximo la conclusión de los informes.

Asimismo, Castro solicita celeridad al Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura de Policía Nacional de Baleares, al que también solicitó informes respecto a la empresa Aizoon, que compartían Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina. En la misma providencia el juez anuncia que ha dado traslado información de la Agencia Tributaria referida al pago de impuestos por parte de Aizoon.

Castro aún espera otros análisis de documentación de la administración fiscal y la Policía está acabando de estudiar las relaciones con sus proveedores de la empresa que compartían los duques de Palma, que según las acusaciones fue presuntamente empleada para justificar fondos percibidos irregularmente por el Instituto Nóos.

Estos datos servirán al juez para decidir si imputa a la infanta Cristina por presuntos delitos contra Hacienda y de blanqueo de dinero. Torres-Dulce, preguntado por la infanta Cristina ha indicado: "La posición de la Fiscalía es respetuosa hacia las decisiones judiciales pero de igual forma de una manera muy ponderada y fundamentada ya hemos expresado nuestra opinión a lo largo del proceso y en el último escrito del fiscal adscrito al caso".

"Para nosotros no existe ningún elemento que permita la imputación de la infanta y por lo tanto no hay ningún trato de favor. Sería trato de desfavor hacer lo contrario de lo que uno piensa y de lo que se está convencido justificadamente siempre en derecho", ha concluido.