El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha apremiado a la Agencia Tributaria (AEAT) a fin de que remita lo antes posible a la causa los últimos datos que restan por entregar en torno a la Infanta Cristina, al aseverar que la la "tardanza" en presentarlos está generando "un gran retraso en la instrucción", tal y como pone de manifiesto en la providencia dictada este martes por el magistrado.

En su resolución, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma apunta que se trata de una advertencia que también efectuará al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, que también está pendiente de presentar sus últimas informaciones acerca de los fondos de Aizoon -empresa propiedad de los Duques de Palma- que se destinaron a las obras de reforma y rehabilitación del conocido como 'palacete' de Pedralbes.

Precisamente, este martes el juez ha dado traslado a las partes del último informe entregado por la AEAT, clave de cara a decidir si imputa a la hija del Rey Don Juan Carlos por presunto delito fiscal o de blanqueo de capitales, según han informado fuentes judiciales.

Una vez el juez tenga en sus manos toda la documentación, relacionada principalmente con las salidas de fondos de Aizoon, que se nutrió con los fondos que de forma presuntamente ilícita obtuvo el Instituto Nóos, dará traslado de la misma a las acusaciones del caso Nóos para que aleguen lo que estimen oportuno sobre la pertinencia de citar a la Duquesa de Palma como encausada. Por el momento, la Fiscalía ya se ha opuesto a su imputación.

La AEAT debe explicar acerca de si las salidas de fondos de varias cuentas de Aizoon corrían a cargo de la hija del Rey para sus gastos personales, diligencia que permitirá determinar el destino exacto que se dio a los fondos de la empresa, y más en concreto si éstos fueron a parar a las obras de rehabilitación de la vivienda barcelonesa del matrimonio o a otras atenciones personales y familiares de la hija del Rey.

Las pesquisas van asimismo encaminadas a averiguar si la Infanta defraudó a la Agencia Tributaria al facturar a Aizoon servicios personales que nada tenían que ver con la actividad de la empresa con el objetivo de reducir su tributación en la declaración del IRPF. De hecho, la Audiencia Provincial sostiene que si Aizoon estaba participada al 50 por ciento por la Infanta, no era más que una pantalla y se constituyó con una finalidad defraudadora, no se entiende que sólo se atribuya la defraudación a uno de los socios.