El exconseller insular de Territorio y exportavoz parlamentario de Unió Mallorquina (UM) Bartomeu Vicens ha aceptado una condena de cinco años y nueve meses de prisión -frente a los 19 años y tres meses que solicitaba inicialmente la Fiscalía- por encubrir hasta más de 600.000 euros que obtuvo de la recalificación del polígono palmesano de Son Oms, mientras era alto cargo del Consell de Mallorca, sirviéndose de la empresa Metalumba como tapadera.

Tanto Vicens como el exvicepresidente de la institución insular Miquel Nadal, quienes han sido conducidos en un furgón policial desde el centro penitenciario de Palma, donde cumplen condena por otras causas de corrupción, se han sentado de nuevo en el banquillo en el marco de una de las piezas separadas del caso Son Oms, por la que Nadal se ha conformado con una pena de siete años de inhabilitación.

Junto a los dos exdirigentes de UM, la mujer de Vicens, Antònia Martorell, ha alcanzado un acuerdo con las acusaciones por las que será condenada a dos años de cárcel, y el contable Tomás Martín y el empresario John Leaners, a 11 meses de prisión. Por su parte, le ha sido retirada la acusación a la considerada testaferro de Vicens, Elisabeth Diéguez, mientras que para el abogado Jaime Montis se ha sobreseído provisionalmente la causa debido a su estado de salud.

Los procesados han reconocido de este modo haber incurrido en delitos de cohecho, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Vicens deberá pagar asimismo unos 1,7 millones de euros por su participación en esta trama, y que ya han sido intervenidos.

Tal y como consta en el escrito de conformidad suscrito por los acusados, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, Vicens recibió en el ejercicio de su cargo -entre los años 2003 y 2006- un total de 480.574 euros de forma directa, por medio de su esposa o a través de Metalumba, fondos que recibió de parte de Montis, propietario de la sociedad que intervenía en la promoción del polígono de Son Oms.

Todo ello pese a que Metalumba carecía de actividad real y sin que los cobros respondiesen a actividad alguna, sino que constituían una contraprestación por las gestiones que realizó Vicens desde su cargo para favorecer la revalorización de la zona industrial. Es más, las cantidades no se destinaron al beneficio de Metalumba, sino que fue blanqueado mediante la adquisición de bienes personales y en beneficio privado del exconseller.

Tal y como han admitido los procesados, como medio de disimular el verdadero sentido de estos pagos se emitieron facturas inveraces y se simularon diversos contratos de préstamo en realidad inexistentes. Junto a ello, Vicens eludió sus obligaciones tributarias derivadas de su enriquecimiento ilegal y de otros ingresos en efectivo. Así, en 2004 presentó una declaración del IRPF conjuntamente con su esposa que supuso una defraudación a Hacienda por valor de 250.149 euros.

Y es que, según se ha considerado probado, en su tributación el acusado declaró ingresos muy inferiores a los reales, al indicar que su base liquidable sometida a gravamen era de 49.168 euros, cuando en realidad ascendía a 610.804 euros.

Los fondos aflorados a través de metalumba

En concreto, la totalidad de dinero en efectivo de origen ilícito que afloró con Metalumba asciende, al menos, a 339.329 euros más IVA, mientras que otra parte se introducía en el mercado con la adquisición de bienes a nombre de Vicens y su mujer. De este modo, el exconseller pudo incorporar al tráfico mercantil fondos de origen criminal por un total de 446.073 euros, cantidad que se eleva en 11.000 euros puesto que en abril de 2011 Martorell llevó a su marido, en la cárcel de Palma, un total de 22 billetes de 500 euros.

En lo que al resto de inculpados se refiere, Tomás Martín fue el encargado de facilitar a Vicens el nombre de alguien que estuviese dispuesto a emitir facturas falsas, para lo cual el contable contactó con John Leaners, quien a través de su empresa Windex Trading emitió varias facturas inveraces.

Por su parte, Nadal tuvo una "importante intervención" en la aprobación de la modificación del Plan General Urbana de Palma, pese a tener "pleno conocimiento" de la arbitrariedad de la propuesta, permitiendo posibilitar un desmesurado incremento de la posibilidad edificatoria en los polígonos industriales de la capital y, más en concreto, duplicar la de Son Oms de 380 metros cuadrados a 797.